El gobierno de Javier Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y oficializó un cambio de alto impacto en la política ambiental del país. La decisión, que ya está en vigencia, modifica criterios centrales de protección sobre estos ecosistemas estratégicos y abre una nueva etapa marcada por tensiones entre desarrollo económico y resguardo del agua.
La modificación más profunda es conceptual: la ley deja de proteger de manera automática a todos los glaciares y ambientes periglaciares. En su lugar, establece que solo estarán resguardados aquellos que cumplan con una “función hídrica relevante”.
Esto implica un giro clave en términos jurídicos. La norma original se apoyaba en el principio precautorio, donde ante la duda se protegía el ambiente. Con la reforma, ese principio se debilita y se pasa a un esquema donde la protección depende de una evaluación técnica previa.
En términos prácticos, esto abre un margen de interpretación mucho más amplio: lo que no sea considerado esencial podría quedar habilitado para actividades productivas.
Uno de los aspectos más sensibles —y menos visibles— es la redefinición del ambiente periglacial. Este sistema incluye suelos congelados, vegas y zonas de alta montaña que funcionan como reguladores del agua.
La ley original los protegía de forma amplia, entendiendo que el glaciar no funciona de manera aislada. La reforma reduce ese alcance y deja fuera grandes superficies que cumplen un rol clave en la dinámica hídrica.
El impacto de este cambio es central: permite intervenir zonas que, sin ser glaciares en sentido estricto, son fundamentales para la recarga, almacenamiento y distribución del agua en regiones áridas.
Otro eje estructural es el rol que pasan a tener las provincias. La reforma les otorga mayor capacidad para definir qué áreas proteger, evaluar impactos ambientales y autorizar proyectos.
Además, en los hechos, cada provincia tendrá mayor incidencia para determinar qué se considera glaciar y qué no dentro de su territorio, lo que introduce un criterio variable sobre un elemento que hasta ahora estaba definido principalmente por parámetros científicos a nivel nacional.
Este punto introduce una tensión con el esquema de presupuestos mínimos establecido en la Constitución Nacional. Mientras la normativa ambiental nacional debería fijar un piso de protección uniforme, la nueva ley abre la posibilidad de criterios diferenciados según la provincia.
En la práctica, esto puede traducirse en estándares más flexibles en jurisdicciones con fuerte dependencia de la actividad minera.
El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, era hasta ahora la base técnica para determinar qué áreas estaban protegidas.
Con la reforma, ese instrumento queda sujeto a reinterpretaciones y posibles revisiones. Esto introduce un elemento crítico: la definición de qué es un glaciar —y qué no— deja de ser exclusivamente científica y pasa a tener mayor margen político y jurisdiccional.
Dado que el inventario es la herramienta que delimita las zonas protegidas, cualquier modificación en sus criterios puede tener consecuencias directas sobre proyectos productivos.
Uno de los objetivos centrales de la reforma es destrabar inversiones en sectores estratégicos. En ese marco, la nueva normativa abre la puerta al avance de proyectos mineros que hasta ahora estaban limitados por restricciones legales.
El foco está puesto en minerales como el litio, el cobre y el oro, considerados clave para la economía y la transición energética global.
La promulgación generó un fuerte rechazo en sectores ambientales, científicos y jurídicos. Las críticas apuntan directamente al enfoque del gobierno de Javier Milei, al que acusan de priorizar la explotación de recursos naturales por sobre la protección de bienes estratégicos como el agua.
Entre los cuestionamientos más relevantes aparece la idea de un retroceso en los estándares ambientales y el debilitamiento del principio precautorio. También se plantean dudas sobre la constitucionalidad de algunos cambios, especialmente por el rol otorgado a las provincias.
En paralelo, crece la advertencia sobre un escenario de judicialización masiva. Distintos sectores del derecho ambiental sostienen que cualquier intento de intervenir zonas glaciares o periglaciares podría derivar en una catarata de amparos y demandas colectivas.
En ese contexto, ya comenzó a tomar forma una iniciativa que podría escalar a nivel internacional: una demanda colectiva impulsada por organizaciones ambientales que busca frenar los efectos de la reforma. Según se difunde en ámbitos del ambientalismo, ya hay cerca de 700 mil personas adheridas a esta acción legal que apunta a cuestionar la constitucionalidad de los cambios y defender los glaciares.
El proceso, impulsado por organizaciones como FARN y colectivos de abogados ambientalistas, busca consolidarse como una de las mayores acciones judiciales ambientales a nivel global.
Para quienes quieran sumarse a la iniciativa, el registro de adhesión se encuentra disponible en:
Otro foco de conflicto es el impacto sobre el sistema hídrico en un contexto de cambio climático. Los glaciares ya vienen mostrando retrocesos sostenidos, y su degradación podría afectar el abastecimiento de agua en amplias regiones del país.
Con la ley ya promulgada, comienza ahora la etapa de implementación. Allí se pondrá a prueba el alcance real de la reforma, en un escenario donde el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental vuelve a quedar en el centro del debate.
