La Política Ambiental
Un problema silencioso pero de enorme gravedad vuelve a encender alarmas en el norte de Salta. Se trata de la presencia de miles de boosters sísmicos, pequeños dispositivos explosivos utilizados décadas atrás en exploraciones petroleras, que aún permanecen bajo tierra y muchos de ellos continúan activos.
Lejos de estar resuelto, el tema expone un pasivo ambiental que combina riesgo humano, falta de control y una deuda histórica vinculada a la actividad de YPF.
Estos dispositivos fueron utilizados en campañas sísmicas para estudiar el subsuelo en la búsqueda de petróleo y gas, principalmente entre las décadas del 70 y 80. El problema es que una gran cantidad de esas cargas nunca fue detonada ni retirada.
Con el paso del tiempo quedaron enterradas, sin señalización y sin un registro preciso de su ubicación. A diferencia de lo que podría suponerse, no se trata de material inerte: muchos de estos explosivos pueden activarse por impacto, calor o manipulación.
Cuando se colocaron, estas zonas eran prácticamente deshabitadas. Pero el crecimiento de poblaciones, caminos y actividades productivas cambió completamente el escenario.
Hoy hay boosters en lugares donde:
Además, fenómenos naturales como aludes o lluvias intensas pudieron haber desplazado estos explosivos, llevándolos a zonas aún más expuestas.
El peligro no es teórico. Con el correr de los años se registraron distintos episodios vinculados a estos dispositivos, desde explosiones accidentales hasta incidentes en tareas de remoción.
También hubo situaciones donde los boosters se activaron sin intervención directa, lo que incrementa la incertidumbre y el riesgo para quienes viven o trabajan en esas áreas.
El origen del problema está en antiguas campañas de exploración realizadas por YPF, en un contexto donde los estándares ambientales eran muy distintos a los actuales.
Lo que quedó es un pasivo difícil de dimensionar: explosivos activos dispersos en el territorio, sin un relevamiento completo ni una estrategia integral de remediación.
En los últimos años se avanzó en tareas de localización y desactivación, pero el proceso es lento y complejo. La falta de información precisa sobre la ubicación de los boosters complica cualquier intervención a gran escala.
A esto se suma la extensión del área afectada, que abarca miles de kilómetros en el norte del país.
El caso vuelve a poner en evidencia las consecuencias a largo plazo de la actividad extractiva cuando no hay planificación ambiental adecuada.
Décadas después, los explosivos siguen ahí.
No se ven, no están señalizados, y en muchos casos siguen activos.
Una amenaza latente que convive con comunidades enteras y que, hasta hoy, no tiene una solución definitiva.
