La Política AmbientalEl histórico juicio por contaminación con agroquímicos en Pergamino ingresó en su etapa final con un fuerte pedido de condenas por parte de la Fiscalía Federal. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, el fiscal general Claudio Kishimoto solicitó penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión para productores agropecuarios acusados de realizar fumigaciones ilegales que afectaron a vecinos de barrios periurbanos de esa ciudad bonaerense.
La causa es considerada uno de los procesos judiciales más relevantes del país en materia ambiental, ya que analiza por primera vez la responsabilidad penal de productores, profesionales y funcionarios públicos por la contaminación derivada de aplicaciones de agroquímicos en zonas habitadas.
La investigación se originó a partir de denuncias de vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida, quienes durante años alertaron sobre fumigaciones realizadas a escasa distancia de viviendas, escuelas y cursos de agua.
Los análisis incorporados al expediente detectaron la presencia de distintos agroquímicos en muestras de agua para consumo humano y en el ambiente, lo que derivó en una causa federal por contaminación ambiental.
Según la acusación, los imputados habrían realizado aplicaciones terrestres de pesticidas dentro de las zonas de exclusión establecidas por la Justicia, poniendo en riesgo la salud de la población y vulnerando la normativa ambiental vigente.
El pedido de condena más elevado recayó sobre el productor agropecuario Fernando Esteban Cortese, para quien la Fiscalía solicitó cuatro años y tres meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por ocho años para desarrollar actividades vinculadas al sector agropecuario.
Además de la contaminación ambiental, Cortese enfrenta una acusación por amenazas coactivas contra vecinos que impulsaron las denuncias.
Para los productores Mario Reinero Roces y Víctor Tiribó, el Ministerio Público Fiscal requirió cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación por ocho años.
Por su parte, para Hugo Ariel Sabatini y Carlos Daniel Sabatini se solicitaron tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años.
La acusación también alcanzó al ingeniero agrónomo José Luis Grattone, para quien se pidió una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación profesional por seis años.
El juicio no se limita a la actividad privada.
La Fiscalía también solicitó condenas para Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, exfuncionarios municipales que tenían responsabilidades vinculadas al control ambiental y la fiscalización de las fumigaciones.
Para ambos requirió dos años de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Según la acusación, los funcionarios incumplieron sus deberes al no intervenir adecuadamente frente a las denuncias presentadas por los vecinos y permitir que las aplicaciones continuaran pese a los reclamos existentes.
Uno de los aspectos más novedosos del proceso es el pedido de decomiso de los inmuebles rurales donde se realizaron las fumigaciones investigadas, además de la maquinaria utilizada para las aplicaciones.
La Fiscalía sostuvo que los bienes empleados para cometer delitos ambientales pueden ser objeto de decomiso, especialmente cuando su utilización estuvo directamente vinculada a la actividad contaminante.
Si el tribunal acepta este criterio, podría abrirse un antecedente de enorme relevancia para futuras causas ambientales en Argentina.
La medida implicaría que las consecuencias patrimoniales de los delitos ambientales alcancen no sólo a las personas condenadas, sino también a los activos utilizados para producir el daño.
La causa tiene su origen en una medida cautelar dictada por la Justicia Federal en 2019, que prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de las zonas urbanas y las aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros.
Ese fallo se transformó en uno de los precedentes ambientales más importantes del país y fue citado posteriormente en numerosos conflictos vinculados a la utilización de agroquímicos.
La resolución se basó en el principio precautorio previsto por la Ley General del Ambiente, que obliga al Estado a adoptar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave o irreversible, aun cuando no exista certeza científica absoluta.
La trascendencia del caso excede ampliamente a Pergamino.
La sentencia que dicte el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario podría convertirse en un precedente para futuros procesos relacionados con contaminación por agroquímicos, responsabilidad ambiental empresarial y protección de la salud pública.
También será observada por organizaciones ambientales, asociaciones rurales, organismos estatales y tribunales de distintas provincias que enfrentan conflictos similares.
Por primera vez, la Justicia argentina deberá pronunciarse sobre la eventual responsabilidad penal de productores agropecuarios por la contaminación derivada de fumigaciones cercanas a centros poblados.
El proceso vuelve a colocar en el centro de la discusión una de las tensiones más relevantes del modelo agropecuario argentino: cómo compatibilizar la producción agrícola intensiva con la protección de la salud humana y el ambiente.
Mientras las organizaciones ambientales sostienen que el caso demuestra la necesidad de mayores controles y zonas de resguardo, sectores vinculados al agronegocio advierten sobre el riesgo de criminalizar actividades productivas.
La sentencia, prevista para las próximas semanas, no sólo resolverá la situación de los acusados. También podría definir nuevos estándares sobre responsabilidad penal ambiental en la Argentina.
