Lo que había comenzado este jueves como una jornada pacífica frente al Congreso terminó con una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad desplegadas por el Gobierno de Javier Milei. La protesta, que tenía como epicentro la zona del Palacio Legislativo, terminó extendiéndose por distintas calles del centro porteño a medida que avanzaba el operativo policial.

Mientras el Senado continúa debatiendo el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, manifestantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y ambientales se concentraron frente al Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa.

La tensión comenzó cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la concentración. El operativo incluyó gases y balas de goma y provocó que los manifestantes comenzaran a desplazarse por las calles cercanas al Congreso.

La situación rápidamente dejó de estar concentrada frente al Palacio Legislativo.

La represión avanzó por el centro porteño

Con el avance de las fuerzas de seguridad, los manifestantes fueron desplazándose hacia avenida Callao, donde se registraron corridas y nuevos momentos de tensión.

La situación continuó hacia Corrientes, una de las principales arterias del centro de la Ciudad, donde también se produjeron corridas y se desplegó un fuerte operativo policial.

Pero el conflicto no terminó allí. La concentración y el operativo continuaron desplazándose por Avenida de Mayo, hasta alcanzar incluso la zona de Plaza de Mayo.

De esta manera, una protesta que había comenzado frente al Congreso terminó extendiéndose por buena parte del centro porteño. Personas que se encontraban a varias cuadras del Palacio Legislativo también quedaron expuestas a los gases y al operativo mientras intentaban alejarse de la zona.

El despliegue convirtió durante varias horas distintas calles de la Ciudad en escenario de corridas, gases, balas de goma y enfrentamientos.

Detenciones y heridos

La jornada dejó personas detenidas y heridas, además de daños materiales registrados durante los incidentes.

Las fuerzas de seguridad justificaron el operativo en los hechos de violencia y daños ocurridos durante la protesta. Desde organizaciones sociales, políticas y ambientales, en cambio, cuestionaron el accionar policial y denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.

La dimensión del operativo quedó reflejada en el propio desplazamiento de la protesta: la represión no quedó limitada a las inmediaciones del Congreso, sino que terminó alcanzando diferentes puntos del centro de Buenos Aires.

Mientras afuera se sucedían las corridas y la represión, adentro del Senado continuaba el debate del proyecto impulsado por el Gobierno.

Y detrás de esa movilización había una discusión que involucra cuestiones centrales para el territorio argentino.

¿Qué ley se está discutiendo?

El proyecto se denomina Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y modifica distintas normas vinculadas con el derecho de propiedad, los desalojos, las expropiaciones y la protección de determinadas tierras.

Pero dos de los puntos que mayor preocupación generaron durante el debate fueron las modificaciones que el Gobierno buscaba realizar sobre la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego.

La discusión sobre esas normas explica buena parte del rechazo que terminó llevando a organizaciones sociales y ambientales hasta las puertas del Congreso.

El capítulo de Tierras: del 15% al 25%

La actual Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Entre sus principales restricciones, la normativa establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% de ese porcentaje y contempla restricciones específicas para determinadas zonas consideradas estratégicas.

El Gobierno de Javier Milei inicialmente había planteado eliminar esas restricciones, lo que hubiera dejado sin efecto el límite del 15% establecido por la legislación vigente.

La propuesta generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, ambientales y políticas, que advirtieron sobre el riesgo de una mayor concentración y extranjerización de las tierras argentinas.

Ante la falta de respaldo político suficiente, el Gobierno modificó su propuesta. En los últimos días, Patricia Bullrich explicó públicamente que el Ejecutivo proponía finalmente elevar el límite del 15% al 25%, es decir, permitir que hasta una cuarta parte de las tierras rurales pudiera quedar en manos extranjeras.

Pero tampoco alcanzó.

La presión social se trasladó al Congreso y comenzó a generar también resistencia entre distintos sectores provinciales. Los gobernadores y los senadores que responden a ellos adquirieron un papel central en la negociación, ya que el oficialismo necesitaba esos votos para avanzar con el proyecto.

Finalmente, el Gobierno decidió retirar completamente el capítulo de Tierras antes de la sesión.

La secuencia muestra el retroceso del Ejecutivo: primero intentó eliminar el límite vigente, después propuso elevarlo del 15% al 25% y finalmente tuvo que sacar todo el capítulo del proyecto ante la falta de consenso político.

Por eso, el Senado que sesiona este jueves ya no está tratando esa modificación a la Ley de Tierras Rurales. El resto de la iniciativa, sin embargo, continúa en discusión.

La Ley de Manejo del Fuego: qué está vigente y qué quería modificar el Gobierno

El otro punto ambiental que permanece dentro del proyecto es la modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

La legislación vigente establece períodos de protección para las tierras afectadas por incendios con el objetivo de evitar que un incendio pueda ser utilizado para modificar rápidamente el destino de un territorio.

En determinadas áreas, como bosques nativos, bosques implantados, áreas naturales protegidas y humedales, la normativa establece una protección de 60 años durante la cual no se puede modificar el uso y destino que tenían esas superficies antes del incendio.

También existe un período de 30 años de protección para otras tierras afectadas por incendios, durante el cual se restringen determinadas actividades que impliquen cambiar el destino productivo o territorial de esas superficies.

La lógica de la ley es evitar que un terreno incendiado pueda transformarse rápidamente en un emprendimiento inmobiliario, agrícola o de otro tipo aprovechando que el incendio modificó las condiciones del lugar.

El Gobierno buscó cambiar justamente esas restricciones.

La reforma planteada por el Ejecutivo apunta a reducir las limitaciones que existen después de un incendio y permitir que los propietarios puedan recuperar determinadas actividades o modificar el destino de los terrenos afectados con muchas menos restricciones que las establecidas actualmente.

El argumento oficial está vinculado con la protección del derecho de propiedad y con evitar que las restricciones posteriores a un incendio impidan al propietario utilizar nuevamente su terreno.

Pero para las organizaciones ambientales el problema es otro: consideran que debilitar estas protecciones puede generar un riesgo de que un incendio termine funcionando como un paso previo para cambiar el uso de una tierra.

La discusión es especialmente sensible en un país que durante los últimos años atravesó grandes incendios forestales y perdió cientos de miles de hectáreas de bosques, pastizales y otros ecosistemas.

Una reforma que va más allá de la propiedad privada

Además de estos dos capítulos, el proyecto modifica otras normas relacionadas con la propiedad.

Entre otras cuestiones, plantea cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, con el objetivo de fortalecer la protección de los propietarios y modificar los procedimientos mediante los cuales el Estado puede intervenir sobre determinados inmuebles.

Por eso, aunque el proyecto lleva el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la discusión alcanza cuestiones mucho más amplias: desde cuánto territorio puede quedar en manos extranjeras hasta qué sucede con una tierra después de un incendio y qué herramientas conserva el Estado para intervenir sobre una propiedad.

La movilización de este jueves se produjo justamente en ese contexto.

La presión social ya consiguió que el Gobierno modificara sustancialmente su propuesta sobre tierras: pasó de intentar eliminar el límite para los extranjeros a proponer elevarlo del 15% al 25%, y finalmente terminó retirando todo el capítulo.

Ahora la discusión continúa en el Senado sobre el resto del proyecto, incluida la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.

Mientras tanto, afuera del Congreso, lo que había comenzado como una jornada pacífica terminó con una fuerte represión que se extendió por Callao, Corrientes, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo.

El debate legislativo todavía no terminó. Tampoco terminó la discusión sobre qué modelo de propiedad, uso y protección del territorio argentino busca impulsar el Gobierno de Javier Milei.