Chile: Tribunal Ambiental confirma multa de $4.000 millones a Minera por sobreextracción de salmuera en el Salar de Atacama

La explotación de litio en el Salar de Atacama volvió a quedar bajo la lupa ambiental en Chile. El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada de la Minera Estadounidense Albemarle y confirmó una multa de 4.713 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a aproximadamente 4.060 millones de pesos chilenos, por incumplimientos relacionados con la extracción de salmuera de su proyecto ubicado en la Región de Antofagasta.

Al valor del dólar observado por el Banco Central de Chile al 30 de septiembre de 2026, esos 4.060 millones de pesos chilenos representan aproximadamente US$4,18 millones. Es decir, no se trata de pesos argentinos, sino de la moneda chilena convertida a dólares para dimensionar el monto de la sanción.

La sentencia corresponde a la causa R-144-2025 y fue dictada el 25 de septiembre de 2026. El tribunal rechazó los cuestionamientos de la compañía y sostuvo que la resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se ajustaba a derecho.

Más salmuera de la autorizada

El primero de los incumplimientos ocurrió durante el período comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020. La autorización ambiental del proyecto establecía para ese período un límite de extracción de salmuera de 442 litros por segundo como caudal medio anual.

Sin embargo, la SMA determinó que Albemarle extrajo durante ese período un promedio de 452,3 litros por segundo. La diferencia fue de aproximadamente un 2,3% por encima del límite autorizado, pero significó un volumen acumulado de 324.395 metros cúbicos de salmuera extraídos por encima de lo permitido. Por esta infracción se aplicó una multa de 1.279 UTA.

La cuestión no pasa solamente por la cantidad adicional de líquido extraído. Los límites establecidos en una autorización ambiental forman parte de las condiciones bajo las cuales se evaluó y aprobó un proyecto, por lo que su cumplimiento es uno de los elementos centrales del sistema de control ambiental.

Albemarle cuestionó la forma en que la SMA había determinado el límite aplicable, pero el Tribunal Ambiental rechazó los argumentos de la empresa y consideró que la obligación estaba suficientemente establecida antes de que ocurrieran los hechos.

Una alerta ambiental que debía activar medidas

El segundo incumplimiento tuvo una naturaleza diferente y terminó representando la mayor parte de la sanción.

El proyecto cuenta con un Plan de Alerta Temprana (PAT) diseñado para detectar cambios en determinados indicadores del sistema acuífero y establecer medidas que deben adoptarse cuando se alcanzan los umbrales previstos. La lógica de estos mecanismos es preventiva: detectar modificaciones antes de que puedan profundizarse sus efectos sobre el ecosistema.

El 2 de febrero de 2021 se activó el indicador BA-07, ubicado en uno de los pozos de monitoreo. A partir de ese momento, Albemarle debía informar la situación a la SMA dentro de los cinco días hábiles establecidos y reducir sus extracciones en 60 litros por segundo.

Según la sentencia, la empresa no cumplió oportunamente con esas obligaciones. La reducción de la extracción recién comenzó en abril de 2021. Como consecuencia de ese retraso, el tribunal consideró un volumen de 639.517 metros cúbicos de salmuera sobreextraída durante febrero y marzo de 2021.

Por este segundo incumplimiento, la SMA aplicó una multa de 3.434 UTA, casi tres veces superior a la correspondiente al primer cargo. Sumadas ambas infracciones, el volumen de salmuera extraído por encima de los límites considerados en el procedimiento alcanzó los 963.912 metros cúbicos.

La sanción total quedó establecida en 4.713 UTA, unos $4.060 millones de pesos chilenos o aproximadamente US$4,18 millones.

Albemarle llevó el caso a la Justicia

La Superintendencia del Medio Ambiente había iniciado el procedimiento sancionatorio en marzo de 2022, después de fiscalizaciones realizadas junto con profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Albemarle posteriormente recurrió al Primer Tribunal Ambiental para intentar dejar sin efecto la sanción. Entre sus argumentos sostuvo que el procedimiento administrativo había demorado demasiado tiempo y cuestionó tanto la configuración de las infracciones como los criterios utilizados para determinar su gravedad y las multas.

El Tribunal rechazó esos planteos y concluyó que la demora del procedimiento no había hecho perder eficacia a la sanción. También respaldó la calificación de los incumplimientos y la importancia de las medidas previstas en el Plan de Alerta Temprana.

Tras conocerse el fallo, Albemarle señaló que está revisando la decisión y evaluando los pasos que podría seguir. La empresa sostiene que confía en haber cumplido con los términos de sus permisos ambientales.

Un salar en el centro de la disputa por el litio

El proyecto de Albemarle se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, dentro de uno de los principales territorios productores de litio del mundo.

La explotación en estos salares requiere extraer salmuera desde el subsuelo para posteriormente concentrar las sales de litio. Por eso, una de las principales discusiones ambientales alrededor de esta actividad está vinculada al comportamiento del sistema hidrogeológico y a la relación entre las extracciones, el agua y los ecosistemas que dependen de ella.

En ese contexto, los límites de extracción y los sistemas de monitoreo adquieren una importancia central. El caso de Albemarle no implica que el Tribunal haya determinado que toda la explotación del Salar de Atacama sea ilegal ni que haya declarado la existencia de un daño ambiental irreversible en todo el salar. Lo que confirmó concretamente fue que la empresa incumplió dos obligaciones ambientales de su proyecto y que la sanción aplicada por la autoridad ambiental debía mantenerse.

El litio busca extraer más con menos salmuera

El caso también ocurre mientras la industria busca desarrollar nuevas tecnologías para reducir la cantidad de salmuera que debe extraerse para obtener el litio.

Albemarle viene impulsando un proyecto de Extracción Directa de Litio (DLE) en el Salar de Atacama, con el objetivo de recuperar el litio directamente desde la salmuera y devolver una parte importante del líquido procesado al sistema. La discusión tecnológica aparece así vinculada a una pregunta que atraviesa a toda la industria: cómo aumentar la producción de un mineral considerado estratégico para las baterías y la transición energética sin incrementar indefinidamente la presión sobre ecosistemas extremadamente frágiles.

El conflicto ambiental alrededor del litio, por lo tanto, no se limita a cuánto mineral existe debajo de un salar. También involucra cuánta agua o salmuera se extrae, cómo se controla esa extracción, qué ocurre cuando se superan los límites y qué mecanismos existen para actuar cuando aparecen señales de alteración ambiental.

¿Qué pasa en Argentina?

El caso chileno también permite mirar hacia el otro lado de la cordillera, donde Salta, Jujuy y Catamarca concentran gran parte del desarrollo argentino del litio. El crecimiento de la actividad viene acompañado por nuevos proyectos, ampliaciones de operaciones existentes, conflictos por el agua y cuestionamientos de comunidades que reclaman mayores controles ambientales y participación en las decisiones.

Uno de los casos más importantes está en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto y la cuenca del Río Los Patos. Allí, una causa judicial iniciada por integrantes de una comunidad atacameña derivó en 2024 en una decisión que ordenó frenar la entrega de nuevos permisos en esa zona hasta que se realizaran nuevos estudios de impacto ambiental. El planteo estaba relacionado, entre otras cuestiones, con el uso de grandes cantidades de agua y con la preocupación por los efectos de la actividad minera sobre el sistema hídrico.

La propia Corte de Justicia de Catamarca mantiene en su jurisprudencia ambiental el expediente iniciado por Román Guitián, en el que una resolución anterior había ordenado realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral sobre el desarrollo de la actividad minera de litio en el área del Río Los Patos–Salar del Hombre Muerto. Esto es importante porque el debate no se limita a evaluar cada proyecto de manera aislada, sino que también plantea la necesidad de analizar los efectos acumulados sobre una misma cuenca.

En Salta y Jujuy, mientras tanto, comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen desde 2019 una disputa judicial relacionada con proyectos de litio y borato. Las comunidades cuestionan los procesos de autorización y reclaman, entre otras cosas, evaluaciones ambientales y mecanismos de consulta libre, previa e informada. El expediente se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al mismo tiempo, la expansión productiva continúa. En julio de 2026, el Gobierno nacional aprobó dentro del RIGI el proyecto Tres Quebradas (3Q), ubicado en el departamento de Fiambalá, Catamarca, que contempla una planta con capacidad proyectada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante extracción directa, con una inversión declarada de US$594,136 millones.

Esto muestra la dimensión del desafío que enfrenta la Argentina: la producción de litio continúa creciendo y se proyectan nuevas inversiones, mientras en las mismas regiones persisten conflictos vinculados al agua, la evaluación ambiental acumulativa, la participación de las comunidades y el control de los impactos.

A esa discusión ambiental se suma otra cuestión: qué ocurre con el dinero que genera la actividad minera. Salta, Jujuy y Catamarca recaudaron conjuntamente cerca de $56.000 millones durante 2025 por toda la actividad minera, pero la información pública disponible no permite identificar con precisión cuánto de ese monto corresponde exclusivamente al litio. Además, no toda la información sobre el destino de esos recursos se encuentra publicada de manera completamente desagregada.

Y existe también un antecedente particularmente relevante en Catamarca relacionado con las exportaciones de litio. La entonces empresa Livent, actualmente vinculada al proyecto Fénix de Minera del Altiplano, fue investigada por la Aduana por operaciones de exportación de carbonato y cloruro de litio realizadas entre 2018 y 2019, en las que se cuestionaron los valores declarados frente a referencias internacionales. El caso derivó en una sanción millonaria por subfacturación, por lo que corresponde hablar de una presunta declaración de valores inferiores a los considerados por la autoridad, y no de sobrefacturación.

Además, en 2025 la Justicia Penal Económica procesó a Minera del Altiplano y a un exdirectivo por otro expediente, referido a 146 exportaciones realizadas entre 2022 y 2023 cuyos valores declarados fueron cuestionados por la Justicia. La empresa, por su parte, sostuvo que las operaciones se realizaron a través del sistema aduanero correspondiente y que los precios respondían a contratos de largo plazo. Se trata de un expediente judicial diferente del procedimiento aduanero anterior y no debe confundirse con él.

El punto central es que los problemas ambientales y las irregularidades fiscales son cuestiones distintas, aunque ambas forman parte de la discusión sobre cómo se controla una actividad que mueve millones de dólares. Una cosa es determinar si una empresa cumplió los límites de extracción de salmuera, los estudios ambientales y las medidas de protección del agua; otra, si declaró correctamente el valor de sus exportaciones y pagó los tributos correspondientes.

Mientras Chile acaba de confirmar una multa de US$4,18 millones contra Albemarle por incumplimientos concretos en la extracción de salmuera, Argentina enfrenta un escenario en el que la producción continúa expandiéndose en Salta, Jujuy y Catamarca, al mismo tiempo que existen causas judiciales, reclamos comunitarios, cuestionamientos sobre el agua y antecedentes de controles fiscales sobre las exportaciones.

La comparación no significa que las situaciones sean idénticas. Pero sí deja planteada una pregunta que atraviesa a todo el llamado triángulo del litio: cuánto puede crecer la extracción antes de que los controles ambientales, hídricos, sociales y fiscales queden detrás de la velocidad de expansión de la industria.

Porque el litio puede ser estratégico para la transición energética, pero su carácter estratégico no elimina la obligación de controlar cómo se extrae, cuánta agua se utiliza, qué impactos produce y cuánto dinero efectivamente queda en los territorios donde se obtiene.