Delitos de «cuello blanco»: se crean juzgados ambientales, pero aún enfrentan escollos

Por: Gastón Rodríguez

@Soyelpapadeleon

Al día de hoy, en la Argentina no existe un fuero ambiental específico con procedimientos uniformados. Sin embargo, en el último tiempo, la necesidad de acciones por parte del Estado –alcanza con asomarse al desastre ecológico provocado por los continuos incendios en el Delta del Paraná– apuró la creación de juzgados y fiscalías especializadas que buscan dar respuestas a la creciente demanda por proteger los derechos ambientales. En la teoría, se ocupan de absorber todos aquellos pleitos en los que se encuentra comprometido el interés colectivo sobre el entorno. En los hechos, la escasez de recursos –desde laboratorios para realizar las pericias hasta el poco o nulo control de los organismos administrativos nacionales, provinciales y/o municipales– se vuelven obstáculos insalvables en el acceso a una Justicia completa y expeditiva.

“El principal desafío a superar en el ámbito del derecho penal es terminar de aceptar que es necesaria la protección del medio ambiente como bien jurídico en sí mismo digno de respuesta punitiva”, admite una fuente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). El organismo se creó en septiembre de 2006 y se encuentra en pleno funcionamiento desde abril de 2007, luego del renovado impulso que la cuestión ambiental había tomado en la Argentina con la instalación de las pasteras en Uruguay y con el fallo histórico de la Corte Suprema en la llamada “Causa Mendoza” que obligó al Estado a promover políticas públicas para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

“Si bien la aplicación de una sanción penal constituye el último recurso –insiste–, y en el ámbito ambiental deberá intervenir en las afectaciones más graves, es un instrumento que desde el punto de vista de prevención general resulta útil para encaminar y controlar la actividad del hombre con relación a su hábitat”.

 
Desde su creación hasta la fecha, la UFIMA realizó unas 1052 denuncias –solo entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 se iniciaron 297 investigaciones preliminares– que incluyen, entre otros delitos, contaminación del agua, del aire o del suelo (Ley 24.051) por efluentes industriales, agroquímicos y/o pesticidas; contrabando de importación de residuos peligrosos; y caza y/o comercialización de animales protegidos por la ley de fauna silvestre.

A lo largo de todo el territorio nacional son apenas siete las fiscalías especializadas en la temática (Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Santa Fe) y cinco los juzgados ambientales (Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba y Jujuy). Todos creados en los últimos tres años.

El 7 de marzo de 2019, el juramento de María Laura Flores como jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Ambiental convirtió a Jujuy en la primera provincia en tener un tribunal con competencia específica. De acuerdo a la Ley Nº 5.899/2015 promulgada por la legislatura provincial, el organismo atenderá “los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales (incluida la faz resarcitoria privada), los procesos cautelares ambientales, y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente”, además de los amparos.

“Lo que detecto a partir de mi experiencia es que algunas de estas unidades especializadas no cuentan con personal idóneo; se asignan fiscales o jueces que estaban abocados a otros fueros pero que no fueron debidamente capacitados en materia ambiental o, en el mejor de los casos, realizan una capacitación ad hoc”, dice Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Para el especialista, la clave es “contar con una política criminal ambiental” que “no significa tener solo juzgados especializados” sino “saber con qué recursos contamos, por ejemplo, en la elaboración de conocimiento, con qué contamos del sistema científico nacional para ponerlo al servicio de las investigaciones. Si ordenás una extracción de agua para conocer el nivel de contaminación, ¿dónde la llevás a analizar?”.

Sobre ese punto, el único laboratorio que efectúa el análisis de algunas muestras de forma gratuita continúa siendo el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal. Tampoco existe, por ejemplo, un organismo público que cuente con la tecnología necesaria para analizar muestras de emisiones gaseosas.

Cuello blanco

Desde la UFIMA consideran necesario para una persecución más efectiva del delito, la incorporación de nuevos tipos penales que “contemplen los diversos aspectos de un bien jurídico colectivo y tan complejo como el ambiente”, así como formular un sistema de sanciones superador del actual en materia de residuos peligrosos (Ley 24.051). El abogado Colombo, por su parte, agrega que el principal desafío es “establecer una suerte de orientación política concreta en cuanto a la caracterización del criminal ambiental”.

“Hay que ubicarlo –explica– en el denominado delito de cuello blanco. No se trata de la habitual criminalidad urbana, sino que involucra a sujetos poderosos, que tienen blindaje mediático, que pueden garantizarse impunidad en el tiempo, que son responsables de los grandes procesos de contaminación, de fumigación con agrotóxicos, de emisión de gases, de envenenamiento de ríos y de los incendios de bosques y humedales. Sin eso, vamos a seguir investigando a los débiles y perejiles”.

Fuente: tiempoar