La Política Ambiental
Durante los últimos años el alto grado de deforestación de los bosques nativos en el país se posicionó como uno de los principales temas, y el reclamo por parte de organizaciones ambientalistas para que se cumpla con las normativas nacionales y provinciales es permanente.
Dentro de la problemática surge un dato preocupante: es que desde el 2016 hasta el 2021 fueron arrasadas en San Luis 113.048 hectáreas, es decir, unas 18.841 por año.
Dicho de otra forma y para comprender la gravedad de estos números, la superficie total de bosques perdidos equivale a 159 canchas de fútbol que miden en promedio 7140 m2 o 0,714 hectáreas.
El dato es oficial y pertenece al último informe de la dirección Nacional de Bosques del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este muestreo reúne información satelital y contiene detalles como las categorías de conservación o las especies de árboles perdidas.
Precisamente, el estudio arroja cómo la deforestación local avanzó año tras año. El 2018 fue el peor de todos:
|2016 – 12.358 hectáreas.
|2017 – 19.911 hectáreas.
|2018 – 28.137 hectáreas.
|2019 – 20.177 hectáreas.
|2020 – 22.532 hectáreas.
|2021 – 9.933 hectáreas.
Así, la provincia se transformó en la jurisdicción líder de la región. En esos seis años La Pampa perdió 69.998 hectáreas, Córdoba 72.319 y La Rioja 32.954.
En tanto que Mendoza y San Juan no presentan números actualizados. Entre el 2016 y el 2021, ambos reportaron pocas hectáreas perdidas.
Es el norte argentino donde el desmonte es moneda corriente. Solo en los últimos cuatro años, Chaco presentó 117.666 hectáreas menos.
A la hora de analizar dónde se produce la mayor deforestación puntana hay que señalar que el departamento Junín presenta el peor índice. En 2021, encabezó la lista con 4.279, en tanto que Dupuy le siguió con 3.528.
Organizaciones ambientales como Greenpeace, ponen el acento y sus esfuerzos para revertir este escenario. Subrayan que el 80% de los territorios destruidos se llevaron adelante de manera ilegal, ya que se realizó en bosques clasificados en las categorías donde no se permite.
A fin del 2007 se produjo un avance en la materia, ya que fue sancionada la Ley de Bosques. El objetivo es claro: “Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos (…) e implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”.
A nivel provincial durante 2009 fue sancionada la Ley “De Bosques Nativos” N° IX-0697. El espíritu es el mismo que la norma nacional con segmentaciones de los territorios y sanciones.
Pero las estadísticas hablan por sí solas. Nada de esto se cumple. Desde ese momento la situación no sólo no mejoró si no que empeoró.
Cuando la lupa se detiene en el ordenamiento territorial de los bosques hay que puntualizar que se divide en categorías según las características del terreno: la I es la roja, la II la amarilla y la III la verde.
Teniendo presente lo anterior, durante el 2021 en San Luis se perdieron 1951 hectáreas del segmento I, 2673 del II y 4593 del II. Otras 716 no están clasificadas.
Cabe destacar que Argentina firmó hace un año, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, un compromiso de “deforestación cero” para el año 2030.
Es por ello que las actualizaciones de los ordenamientos territoriales provinciales deben realizarse con el fin de ponerle punto final a los desmontes y promover un verdadero manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos.
La ONG profundiza cuales son las razones del fenómeno: “Si bien desde el año 2014 se evidencia una interesante disminución de los desmontes, la mitad aún se realizan donde no está permitido. A eso se suma que, desde 2020 la gran cantidad de incendios forestales produjo un crecimiento importante de la pérdida de bosques nativos. Se estima que el 95% se producen por factores humanos (intencionalidad, accidente, negligencia); y el cambio climático y la sequía aumentan su intensidad y severidad”.
En este sentido solicita la “urgente implementación de políticas activas del Estado” y advierte que “las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales”.
“Los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios. Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad”, manifestaron.
En cuanto a las consecuencias que conlleva la falta de acción, los especialistas son claros: “Significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”.
Lo cierto es que los datos van a contramano del discurso “verde” y proambiental oficial. De forma permanente, Terrazas del Portezuelo comunica avances del plan “Más árboles, más vida”, que consta en la plantación de plantines.
El propio gobernador Alberto Rodríguez Saá se mostró en los últimos meses encabezando actos concernientes a la temática. En marzo, firmó un convenio junto a su par kirchnerista, Jorge “Coqui” Capitanich para la adquisición de 300 mil ejemplares.
Pero pese a los intentos, el Informe del Estado del Ambiente 2021 publicado por la Nación dice otra cosa. Arrojó que San Luis es la segunda provincia que menos hectáreas de bosques forestó con solo 316 y que apenas supera a Santa Cruz (176).
Ni forestación, ni cumplimiento efectivo de las leyes.
