Chaco: denuncian que un proyecto de ley busca legalizar desmontes ilegales

En Chaco, organizaciones sociales y ambientales denuncian un intento de blanqueo legislativo de los desmontes ilegales. El proyecto de ley 1861/24, impulsado por el diputado Juan José Bergia —investigado en la causa conocida como la Mafia del Desmonte—, será tratado este miércoles en una sesión extraordinaria convocada por el bloque oficialista Cambiemos.

La iniciativa permitiría que la madera obtenida de desmontes ilegales sea comercializada, transportada y utilizada como si fuera legal, a través de un contrato de “aprovechamiento forestal” con duración mínima de un año. En palabras de la organización Somos Monte Chaco, se trata de una legalización del delito ambiental: “Te multan, pero después podés usar y vender la madera igual”.

Una ley que "monetariza" el monte

El proyecto no plantea mecanismos de prevención ni control efectivo de la tala ilegal. Por el contrario, aumenta las multas para quienes desmonten en zonas protegidas (amarillas y rojas), pero les permite conservar y explotar económicamente la madera extraída. Es decir, se impone una sanción monetaria pero se habilita el negocio forestal sobre áreas ya arrasadas.

Desde Somos Monte advierten que esto legitima la destrucción del bosque nativo chaqueño, prioriza intereses económicos, afecta directamente a comunidades indígenas y campesinas, y vacía de contenido las políticas de protección ambiental.

También subrayan la ineficacia del actual sistema de multas, ya expuesta en casos como el del empresario forestal Nardelli, que continúa desmontando a pesar de una cautelar vigente que lo prohíbe y simplemente paga las sanciones económicas sin consecuencias reales.

Desmonte sin control

En lo que va de 2024, ya se deforestó en Chaco una superficie equivalente a dos veces la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurre pese a que hay una prohibición legal vigente. El proyecto tampoco contempla herramientas de control institucional, financiamiento para la restauración ecológica, ni prohíbe la introducción de especies exóticas como pinos o eucaliptos, que alteran los ecosistemas locales.

Además, no se establece ningún mecanismo contra la corrupción. Desde la organización denuncian que las topadoras secuestradas por desmontes ilegales siguen siendo reutilizadas y la madera ilegal continúa circulando libremente.

Un proyecto sin participación ni transparencia

El tratamiento express del proyecto también generó fuertes críticas. Fue desafectado de la Comisión de Ambiente, ignorando la voz de especialistas, organizaciones y comunidades. Según Somos Monte, la iniciativa fue impulsada sin garantizar una participación real, lo que vulnera principios constitucionales y compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

“La participación debe ser plena y vinculante, especialmente cuando se trata de pueblos originarios. No se puede hablar de democracia si se favorece el extractivismo y se legisla sin consulta”, expresaron.

Llamado a la acción

Somos Monte convocó a una manifestación este miércoles a las 8 de la mañana frente a la Legislatura chaqueña, para exigir el rechazo inmediato del proyecto y reclamar una política ambiental justa, participativa y transparente.

“Legalizar la venta de árboles talados ilegalmente es premiar el delito. Los árboles no son mercancía, son clave para sostener la vida en el territorio. El monte no se vende, se defiende”, concluyeron.