La provincia de San Luis posee 3.1 millones de hectáreas de monte y agrupa al 6% de los bosques nativos del país. El 41% de la cubierta forestal está catalogada como zona amarilla o roja por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –OTBN-, es decir que los desmontes allí están prohibidos. Sin embargo, desde que entró en vigencia la Ley de Bosques Nativos N°26.331 hasta el 2022, en la provincia se desmontaron 154.429 hectáreas, más de la mitad de manera ilegal. Los datos surgen de un reciente informe publicado por la Fundación Vida Silvestre.
En 2022 la provincia marcó un triste hito al posicionarse como la cuarta más deforestada del país, solo por detrás de Santiago del Estero, Chaco y Formosa, según información del –por entonces- Ministerio de Ambiente de la Nación. Ese mismo año, el costo de los desmontes y la degradación de tierras rondó el 4% del PIB de la Argentina, según estimaciones del Banco Mundial.
Las mayores presiones sobre el monte de San Luis son la ganadería intensiva, la agricultura y el desarrollo inmobiliario, que requieren de grandes extensiones de tierra. La pérdida de ecosistemas amenaza gravemente a varias especies características de la región, como la mara, el conejo de los palos, la lampalagua, el venado de las pampas y el águila coronada, entre otras. Además, los desmontes están relacionados con la erosión del suelo y la alteración del equilibrio hídrico, repercutiendo negativamente en el sustento de miles de personas.
En ese sentido, la Fundación advirtió que en la provincia la implementación de la ley es baja, situación que explica la falta de controles y sanciones a los desmontes ilegales. En San Luis el OTBN está vencido desde el 2014 y, tras ser consultados por EcoPress, en 2021 las autoridades de la provincia indicaron que el ordenamiento está en proceso de actualización y que continúa vigente hasta que el proceso finalice; pero desde entonces no ha habido mayores avances.
Country Aguadita del Portezuelo, asentado en zona protegida por el OTBN. -Captura mapa interactivo OTBN-.
La Ley de Bosques establece que se debe asignar el 0,03% del presupuesto nacional para la conservación de los ecosistemas y la lucha contra la deforestación ilegal, no obstante, desde su sanción nunca se desembolsaron los fondos estipulados. En 2023 la provincia solo recibió el 10,4% de los fondos que le corresponderían si la ley fuese financiada al 100%, y este año solo recibirá el 7,4%, graficó la Fundación.
Sin embargo, casi un tercio de los fondos asignados a la provincia no fueron rendidos ante la Autoridad Nacional. Entre 2009 y 2023, San Luis recibió 129.9 millones de pesos en el marco de la ley, pero hubo 41.1 millones que no fueron rendidos, posicionando a la San Luis como la provincia con más fondos sin justificar.
A las 154.429 hectáreas desmontadas de manera directa entre el 2009 y el 2022 hay que sumarle la gran extensión calcinada por el fuego. Tan solo entre enero y octubre del 2023 se quemaron casi 100.000 hectáreas, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, otro organismo que recibe menos fondos de los que le corresponden por ley.
