El pasado martes 28 de febrero, en la ciudad de Buenos Aires, se presentó el “Informe Preliminar”, elaborado por el “Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Este importante grupo de expertos, que contó con la presencia de su presidenta, Pichamon Yeophantong y la experta Fernanda Hopenhaym, llevó a cabo su primera visita oficial a la República Argentina, durante los días 16 al 28 de febrero.
En esta visita, el grupo de trabajo de la ONU, eligió como puntos de análisis, las provincias de Chaco, Chubut, Buenos Aires y Catamarca. La visita a nuestra provincia se realizó el día 20 de febrero con una reunión en la ciudad capital, en instalaciones de la UNCA, y otras dos en Andalgalá y Belén. El Grupo elaboro una agenda de reuniones con agentes estatales, empresas y distintos actores de la sociedad civil (todos los cuales ofrecieron sus testimonios en carácter de confidencialidad).
El informe presentado ayer en Conferencia de prensa publica y transmitida en vivo, fue más que lapidario para las empresas extractivas en Argentina y especialmente en Catamarca. De los muchos puntos abordados por el grupo de expertos, a partir de las entrevistas y documentos analizados, nuestra sociedad debería prestar mucha atención (por la gravedad y la reiteración) a los siguientes en relación a la realidad local.
En primer lugar, respecto a la tan discutida Licencia Social para los proyectos de megamineria de oro y litio, el Grupo de la ONU señaló lo siguiente:
1- “El grupo de trabajo ve con preocupación la reiterada vulneración de los pueblos indígenas a la Consulta Libre, Previa e Informada (…) si bien el grupo de trabajo a escuchado sobre Asambleas Informativas y consultas públicas, estas no cumplen con las características estipuladas de la Consulta, Libre, Previa e Informada. Es imperativo que el estado provincial y nacional garanticen estos procedimientos de manera correcta”.
Como ha sido denunciado en otros informes y en reiteradas notas (incluso algunas publicadas en este mismo medio), los procedimientos de consulta llevados adelante por las empresas Livent y Galaxy en Antofagasta de la Sierra, nunca se han ajustado a las normativas y leyes vigentes. Esta es una muy grave falta sobre la que el gobierno no ha actuado nunca y que vulnera derechos humanos nacionales e internacionales. Como ha corroborado el grupo de la ONU, las “charlas informativas”, no pueden ser tomadas como procedimientos legales reales. Es decir, la Licencia Social, no ha sido realmente respetada por las empresas que están actualmente avanzando en territorio catamarqueño. Que la ONU llame la atención sobre esto, debería ser más que suficiente para que de una vez por todas, el gobierno se tome en serio lo que significa la licencia social y la opinión de quienes serán los principales afectados en sus territorios.
Más adelante, volvieron sobre este punto señalando: “El grupo de trabajo escucho con preocupación las consecuencias negativas que ya están experimentando las personas y comunidades de diferentes provincias particularmente Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. Llamamos al Estado argentino a cumplir con su función reguladora y de protección de ddhh y garantizar la CLPI”.
La segunda puntualización que debería prender alarmas refiere a los informes de impactos ambientales: “Sobre recursos naturales y derechos naturales, el grupo de trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se nos ha informado sobre irregularidades y fallas sistémicas producidas sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, se han enfatizado los problemas de acceso al agua limpia y potable”.
“Irregularidades y fallas sistémicas”, esa es la realidad de los Informes de Impacto Ambiental en nuestra provincia y en la falta absoluta de transparencia de los proyectos en Andalgalá, Fiambalá y Antofagasta. Si el gobierno de Catamarca, quisiera tener una política transparente sobre minería, los dos puntos más sensibles que debería controlar son, primero, la licencia social, y segundo, la claridad en el impacto ambiental de los proyectos. Son justamente estos los dos puntos más oscuros en lo que refiere a los proyectos de Livent, Galaxy y MARA.
En junio, en la sede de Ginebra, se presentará el Informe Final que elaborará el grupo de trabajo de la ONU sobre su visita a nuestro país. Mientras tanto, las asambleas ambientales, las comunidades indígenas y los vecinos y vecinas del interior, siguen esperando respuestas serias de un gobierno cuya política minera y su cuidado de los DDHH, es mirado con suma gravedad por organismos internacionales expertos en la materia.
Fuente: ElFelipe
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