Tensión por el oro blanco con comunidades originarias

Por: Vanina Lombardi

Denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio en la cuenca de Salinas Grandes y continúan rechazando el avance de la minería en ese lugar. Temen que la actividad afecte la biodiversidad de la cuenca, que les impida acceder al agua y que los termine convirtiendo en "desplazados ambientales".
A 40 años del regreso a la democracia, este 24 de marzo, mientras en todo el país se recuerda a los 30 mil desaparecidos y a todas las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en el salar de Olaroz, en Jujuy, se realizará un Festival por el Litio, organizado por el gobierno provincial con el auspicio de algunas empresas mineras, como Exar y Allkem Sales de Jujuy. El evento se produce en medio de un clima de tensión y descontento, y es considerado como una “burla” por algunas comunidades de la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc, adonde denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio.
El acuerdo fue firmado el 10 de marzo, en una asamblea extraordinaria convocada por la comisionada municipal de El Moreno, Angélica Castillo, con 20 votos a favor y 4 en contra. “Pero la convocatoria fue casi en secreto y a último momento, por eso la invitación llegó a personas puntuales y participaron mayoritariamente familiares y allegados de la comisionada”, denuncia Rubén Galean, secretario de Cultura de la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo.
Además, la misma comisionada apeló a su rol como secretaria de la presidenta de la comunidad de Lipan y redactó el acta de acuerdo con el gobierno de Jujuy, la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y una de las subsidiarias locales de la transnacional argentina/inglesa Pan American Energy, para que esa minera comience la exploración de litio en la mina Agonic, en el sur de Salinas Grandes. “Ella no debería haber podido hacer eso, porque está ocupando un rol como funcionaria del Gobierno”, cuestionó Galean, y advirtió que Castillo conoce cómo trabajan las comunidades en la mesa de Salinas Grandes porque ella misma era una de las participantes y fue comunera de Lipan durante 15 años.
Desde 2012, las comunidades de esta cuenca habían elaborado sus propias pautas para el procedimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual la Argentina adhiere. Se conoce como  Kachi Yupi (se terminó de redactar en 2015), y entre otras cosas estipula que las decisiones deben tomarse por consenso entre todas las comunidades y que ninguna puede decidir de manera individual o en secreto. Por eso, el acuerdo es considerado como una “traición” y es rechazado desde que se conoció.
“Cuando le pedimos explicaciones, nos dijo que le pidiéramos respuestas a la comunera de Lipan, que ella estaba en función de comisionada”, recuerda Galean, y agrega que en medio de esa presión la funcionaria se fue a San Salvador de Jujuy “como si estuviera escapando”, y que al día siguiente envió un despliegue de seguridad a toda la región. En medio de esta situación, los vecinos de El Moreno se enteraron que la comisionada viajó con la comitiva del gobernador de Jujuy y precandidato a presidente Gerardo Morales, a su presentación en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex.
“Estamos preocupados, el Gobierno está siendo muy represivo, silenciosamente está dividiendo a las comunidades y es una cuestión muy grave, no sabemos lo que puede pasar, si van a entrar por la fuerza, si van a poner policía, si nos van a reprender a los comuneros”, reconoce Erika Cañari, presidenta de la comunidad de Pozo Colorado.
La policía continuó en las inmediaciones de El Moreno hasta el sábado por la tarde. Ese día se había convocado a una reunión con el gobernador en la plaza del pueblo, adonde alrededor de 300 personas exhibieron pancartas en rechazo a la exploración y explotación del litio, y en apoyo al cuidado del agua. “En los carteles hemos expresado nuestro malestar y, sobre todo, afirmamos la lucha en este territorio y por la defensa del agua, porque a través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas. Sabemos que el sistema de explotación es muy agresivo y requiere de millones de litros de agua para garantizar la exploración del litio”, afirma Galean.
“La última vez que vino el gobernador, ni siquiera escuchó a las comunidades, solamente dijo que va a dar la consulta pero nosotros, ya en el año 2019, cuando tuvimos un problema con una minera que estaba haciendo exploración en Pozo Dulce, afirmamos que ya no queremos la consulta porque directamente decimos que no al litio”, dice Cañari, y coincide en que lo que más les preocupa es el tema del agua: “Me preocupa el futuro de nuestros hijos que están en estas comunidades, no sé qué futuro tendrán, si verán el lugar como lo vemos ahora o si tendrán que elegir entre irse y migrar, o vivir en condiciones donde no hay agua para cocinar, para tomar, para tener una vida tranquila”, sostiene.
Al respecto, el licenciado en Gestión Ambiental Gustavo Romeo, que es parte del Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, especifica que en el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo, los registros indican que un solo pozo de aguas subterráneas construido en los bordes del salar adonde puede haber reservorio de agua dulce otorga 240 litros por segundo para ser utilizados en el proceso de obtención de sales de litio (más de 20 millones de litros al día).
Además, advierte que hay estudios que dicen que el agua salada que se evapora para la obtención de las sales de litio alcanza valores cercanos a los dos millones de litros por día. “Desde una lógica utilitarista, se dice que el agua salada no es para consumo y por eso no hay impacto, pero es agua que forma parte de un ecosistema sumamente frágil, en un ambiente muy árido y que llegó a ocupar esos reservorios subterráneos en otras eras de nuestro planeta; es decir que, en la actualidad, la recarga de esos reservorios no se da porque no existen lluvias continuadas”, subraya Romeo.

Los salares también son humedales
El biólogo Román Baigún, coordinador del Programa Humedales Altoandinos, de la Fundación Humedales, aclara que si bien no están en contra de la mineria, está comprobado que la metodología de piletones no es compatible con la conservación de estos ambientes ni con las sociedades que los usan, especialmente en áreas protegidas o de interés especial para la conservación. “El impacto existe y hay un caso que lo acredita en Catamarca, adonde la empresa Livent secó la vega del río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto”, ejemplifica el especialista, y recuerda que las salinas son humedales por definición de Ramsar, por su conformación tanto en el suelo que depende del agua, como en la biota que está adaptada y porque se inunda en forma periódica.
Al respecto, Romeo recuerda que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y que resulta “fundamental” entender que los salares de la Puna son humedales y que “el lobby que se mueve en el territorio tratando de comprar voluntades, de avanzar con informes técnicos y de desregular los marcos que protegen a las personas y al ambiente, también se mueve por los pasillos adonde se cajonea permanentemente la Ley de Humedales”.
Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que los humedales altoandinos tienen roles de adaptación y mitigación en la agenda climática: “No solo cumplen roles en la regulación de ese recurso hídrico, sino que también alojan microorganismos que secuestran dióxido de carbono y liberan oxígeno”, ejemplifica la especialista, y advierte que sobre este tema es necesario contar con más información científica que sería importante poner en relieve a la hora de decidir.
Marchegiani destaca que no solo hay irregularidades y avallasamiento a las comunidades, sino también que se debe entender que el área implicada es una cuenca, y que, con esta actividad, posiblemente se vean afectadas más comunidades que las que aparecen vinculadas al permiso minero. “Romper con el equilibrio ecosistémico hídrico destruye toda la vida alrededor, que es mucha”, advierte la especialista, y agrega que hay una incompatibildad entre el derecho ambiental indígena y la forma en que está pensanda la regulación minera (que se refiere específicamente a las áreas de influencia a los proyectos, sin considerar la integralidad del sistema hídrico). Hay antecedentes judiciales, como el caso Matanza-Riachuelo, que establecen que la cuenca tiene que pensarse como un todo integral y así decidir los usos del agua, ya sean económicos, para la vida o ecosistémicos.
 
Territorios sacrificados
El 17 de febrero, el Gobierno de Jujuy aprobó un nuevo decreto ambiental minero, que establece el procedimiento por el cual se aprueban o no los proyectos. “La provincia de Jujuy arma sus propios procedimientos para un montón de cosas, y en gran medida, puede pero hay temas que no puede soslayar, hay una jerarquía constitucional de normas, con los derechos indígenas y al ambiente sano por encima. El Código de Mineria esta por debajo de la Constitución y por debajo de la norma 169 de la OIT”, sostiene Marchegiani.
Al respecto, Romeo agrega que, para poder avanzar en los territorios, las empresas, en connivencia con actores del Estado provincial y/o nacional, van avanzando y aprobando proyectos sin considerar tratados internacionales como el de la consulta libre previa e informada a las comunidades, y que tampoco están cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina adhiere desde hace unos años y que también tiene que ver con la participación de las comunidades en aquellos proyectos que puedan llegar a alterar o afectar el ambiente. Es algo que no solo está pasando en Jujuy, sino también en Chubut y en otras partes de América Latina.
Romeo recuerda que el 23 de marzo se cumplieron 20 años del “No a la mina” en Esquel: “Eso también hay que reafirmarlo, porque muchas veces se plantea que si no quieren la explotación, qué quieren. Pero si las comunidades no quieren que se avance en sus territorios, no tienen por qué generar una justificación superadora al proyecto que se presenta para la extracción del litio”, dice Romeo, que es de Comodoro Rivadavia y participa en la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut. “No importa si dicen que la técnica no va a generar daños o pérdidas en el lugar, no importa si dicen que van a construir una salita de atención médica. Si las comunidades dicen que no, no hay que seguir avanzando tratando a las asambleas, a los pueblos y a las comunidades como si ignoraran o desconocieran, como tratando de decirles ‘en realidad ustedes no entienden, por eso dicen que no’”, agrega.
“A mayor extractivismo, menor democracia. Tiene que ver con quiénes determinan qué territorios van a ser sacrificados en nombre de una transición energética que ni siquiera vamos a ver en este Sur global que habitamos”, afirma Romeo, y concluye: “No hay posibilidad de llegar a algo semejante al desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Este conflicto, que ahora le está tocando atravesar a la comunidad de El Moreno, nos exige hablar del extractivismo desde un lado en el que no prime exclusivamente lo técnico, lo tecnológico y los atributos físicos y biofísicos del ambiente, sino también lo social, la justicia ambiental, la autodeterminación de los pueblos y, al final de cuentas, un modelo de desarrollo y un modo de elegir vivir una vida, y que debe ser respetado lo que se defina en cada uno de los de los sitios que hoy están en resistencia”.

Fuente: Agencia TSS  - Info Blanco sobre Negro