Hay 95 proyectos ambientales cajoneados en el Congreso

Los que habitan los montes y los bosques. Los que viven frente al mar. En lo alto de las montañas o al pie de los glaciares, experimentan una sensación de olvido. Es una idea que se potencia en el seno de las organizaciones que trabajan sobre temas de naturaleza. “Nadie firma nada, no hay gestión. El Gobierno no toma decisiones ambientales. Todo es una parálisis, mientras los ríos del norte se secan y se extinguen y los animales mueren de sed. Volvieron los incendios. Cuál es el plan para el verano. Lo mismo pasa en los mares o donde sea. Avanzan proyectos industriales pero nadie repara en el cuidado del ambiente. Es un escenario inédito”, dice la titular de una ONG dedicada a la restauración de ecosistemas.
Los ambientalistas están desconcertados. Están que trinan. Pero no saben bien a quién dirigirse. La información que surge, por indagaciones de Clarín, es que la secretaria de Ambiente, Ana Lamas, estaría sin margen para conducir nada, sin poder para tomar decisiones y hasta cerca de abandonar su cargo, jaqueada por internas cruzadas en el ex ministerio. Pasaron nueve meses del gobierno de Javier Milei y no hay interlocutores válidos para tratar las urgencias ambientales que abundan en la Argentina.
“El cuidado del medioambiente nos corresponde a todos y tiene un gran valor para nuestro país, ya que nos permitirá generar riqueza, a la vez nos permitirá vivir más y mejor”, escribió el diputado Carlos D’alessandro a días de su nombramiento como presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente Humano. Sin embargo, desde ese nombramiento en abril, D’alessandro jamás convocó a una reunión y ya son 95 los proyectos que se apilan en la comisión permanente desde diciembre del 2023.
Las presentaciones incluyen leyes, pedidos de informes, resoluciones y declaraciones de toda índole. Algunos con más urgencia que otros, como el pedido para extender la emergencia por incendios, la creación de un fondo contra desastres climáticos o garantizar un presupuesto mínimo para la restauración de los humedales.
La agenda ambiental en la era Milei esté postergada y no es una novedad. El presidente fue categórico en el Pacto de Mayo y poco margen queda para pensar a corto o mediano plazo. El abandono de la comisión no solo preocupa a ambientalistas sino también a sectores exportadores que necesitan posicionarse en mercados internacionales cada vez más exigentes con la trazabilidad ambiental de los productos que demandan. Uno de los hitos de este años fue la aparición de un regulación sobre deforestación para productos que se exportan a la Unión Europea.
Algunos diputados que integran la comisión están desconcertados y preocupados por la situación. Por la bajo, no son pocos los que aseguran que la expresión “cambio climático” ha pasado a estar prácticamente prohibida y si se encuentra en algún proyecto se sabe que dormirá el sueño de los justos”. La comisión, encabezada por D’Alessandro, está integrada por 30 diputados entre los que se encuentra Máximo Kirchner, Martín Yeza, Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer, quien está como vicepresidenta segunda.
El diputado de la UCR Fabio Quetglas, integrante de la comisión, ensayó a pedido de Clarín, las posibles razones de la demora. La pregunta fue única: por qué se demora la puesta en marcha de la discusión medioambiental en la Argentina, a contramano de lo que ocurre en el mundo. Dijo Quetglas: “Se combinan varias cosas: por un lado, el Gobierno parece considerar a la totalidad de la legislación ambiental como un obstáculo al desarrollo económico. A lo que añade una evaluación exagerada, al considerar la legislación existente como estéril para alcanzar objetivos de sostenibilidad. El cuidado del ambiente y el rol federal en los presupuestos mínimos son obligaciones constitucionales. No son optativos Una cuestión es discutir alcance y eficacia de las medidas que se legislan y otra caer en el negacionismo ambiental. Un razonable sentido contemporáneo nos obliga a una acción legislativa no voluntarista ni negadora de la enorme agenda ambiental que tenemos pendiente”.
El freno de mano a la agenda ambiental parece ir en contra de las declaraciones que hizo el mismo D’Alessandro, en artículos de prensa publicados días atrás: “Los esfuerzos por cuidar nuestro entorno, generan beneficios en la economía de nuestro país. (...) la correcta conservación de nuestros paisajes permitirá que sigamos teniendo destinos atractivos para el turismo interno y extranjero, incrementando los ingresos de nuestro país. También, podemos pensar en los frutos que podría tener el desarrollo de una economía circular, en la generación de nuevos empleos y la valorización de aquello que solíamos desechar. Finalmente, si logramos posicionarnos como referentes en el uso responsable de nuestros recursos naturales, podemos convertirnos en una fuente de inversiones destinadas a este propósito”.
A juzgar por la inercia reinante, parecería haber cambiado de postura. Existen algunos proyectos, por ejemplo, de creación de Áreas Marinas Protegidas, que podrían traducirse en un impulso concreto para el turismo ecológico. Sin reuniones de la comisión, se ve demorada la creación de empleo vinculado al turismo.
Desde su aparición, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dictamina “sobre todo asunto o proyecto vinculado con el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales y con la conservación o la contaminación ambiental”. ¿Acaso no sería importante al menos que haya debate sobre crear o no un fondo para catástrofes climáticas? ¿No es necesario restaurar los humedales que sufrieron incendios de cientos y cientos de hectáreas? Nada en el mundo -ni en política local ni en la alta política y mucho menos en la macroeconomía- se mueve dejando de lado la “cuestión ambiental”. Como dice el mismo D’Alessandro: “Debemos tomar con seriedad nuestro proceder en esta comisión y trabajar codo a codo para abordar esta temática, ya que el deterioro de nuestro planeta nos afectaría a todos, sin distinción política”. Palabras sobran.

Fuente: Clarín