El Gobierno Nacional y la Controvertida Inscripción de la RAM en el RePET: Un Paso Peligroso

En una decisión que ha dividido la opinión pública y generado una fuerte controversia, el Gobierno Nacional ha oficializado la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 210/2025, ha sido defendida como una respuesta urgente para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, no son pocos los que advierten sobre los riesgos que esta decisión implica, no solo para el futuro de las comunidades originarias, sino para la democracia misma.

El informe técnico que fundamenta la inscripción sostiene que la RAM ha sido vinculada con actos violentos como incendios intencionales y ataques a propiedades y personas en la Patagonia, particularmente en provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut. En consecuencia, el gobierno argumenta que la medida es necesaria para cortar el financiamiento del grupo y frenar sus acciones violentas. Además, se subraya que la RAM no actúa sola, sino en coordinación con otros movimientos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), lo que, según el oficialismo, convierte a esta organización en una amenaza seria para la seguridad nacional.

¿Es la RAM realmente un grupo terrorista?

La pregunta que rápidamente surge es si la RAM realmente puede ser considerada una organización terrorista en el sentido más estricto de la palabra. La crítica a la decisión del gobierno se basa en que, al inscribir a la RAM en el RePET, se les otorga un estatus que podría criminalizar a miles de personas que, más allá de las acciones violentas de algunos, luchan legítimamente por el reconocimiento y la restitución de sus derechos como pueblos originarios.

En lugar de un enfoque de seguridad que parece priorizar la represión, se podría estar ignorando un conflicto de fondo que ha sido histórico: la discriminación, el despojo territorial y la falta de justicia social para las comunidades mapuches. La causa mapuche ha sido vista, en muchos casos, como una lucha por la tierra, por la dignidad y por el respeto a su cultura. Para muchos, etiquetar a la RAM como una organización terrorista no solo es una medida desproporcionada, sino que también podría alimentar la estigmatización de un pueblo entero, mucho más que resolver los problemas estructurales que enfrentan.

Un precedente peligroso para la protesta social

La decisión del Gobierno también ha generado inquietud por lo que representa para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Argentina. La inscripción en el RePET no solo afecta a un grupo en particular, sino que abre un precedente peligroso para cualquier movimiento social que recurra a métodos de resistencia ante lo que consideran injusticias. Si las protestas, incluso las que incluyen formas de resistencia que no necesariamente son pacíficas, son clasificadas bajo la etiqueta de terrorismo, ¿hasta qué punto se están limitando las posibilidades de movilización y expresión de los sectores más vulnerables?

Algunos analistas advierten que esta es una respuesta desmesurada, que solo contribuirá a profundizar el clima de confrontación, en lugar de propiciar el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. El gobierno, en vez de tratar de encontrar un terreno común con las comunidades mapuches y otros pueblos originarios, podría estar apostando por un enfoque represivo que frena cualquier posibilidad de entendimiento.

¿Y la falta de diálogo?

El proceso de inscribir a la RAM en el RePET también pone en evidencia la falta de una política clara y efectiva hacia las comunidades mapuches y otros pueblos originarios en Argentina. La historia de despojo y violencia que estas comunidades han sufrido durante siglos no puede resolverse con medidas punitivas y de represión. En lugar de buscar un camino hacia la reconciliación, el gobierno parece optar por la criminalización. Un gobierno que se dice democrático y comprometido con los derechos humanos no puede permitirse este tipo de medidas sin evaluar profundamente sus consecuencias a largo plazo.

La falta de soluciones estructurales

Una crítica fundamental a la postura del gobierno es que, más allá de estas decisiones, persiste la falta de soluciones estructurales a los problemas que enfrentan las comunidades mapuches, como la recuperación de tierras ancestrales y el respeto a sus derechos territoriales. La violencia en la Patagonia no se produce de la nada; responde a una serie de conflictos sin resolver que, en muchos casos, están vinculados al despojo de tierras y la creciente explotación de recursos naturales, como el litio y el petróleo, en territorios que tradicionalmente habitan los pueblos originarios.

El gobierno nacional se ha mostrado inflexible en cuanto a los intereses económicos y los proyectos extractivistas, a menudo priorizando las grandes inversiones y el desarrollo de infraestructuras, mientras que las comunidades mapuches siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos. La RAM, en este contexto, no es más que una expresión de una lucha mucho más amplia por la justicia social y el derecho a la autodeterminación.