Alerta Ambiental en 9 de Julio: justicia ordena medidas urgentes por agua contaminada con arsénico

El agua potable en Ciudad Nueva, en el distrito bonaerense de 9 de Julio, está en peligro. Un reciente fallo del Juzgado de Mercedes ordenó una serie de medidas cautelares urgentes tras confirmar niveles de arsénico 36 veces superiores al límite permitido, exponiendo a la comunidad a serios riesgos sanitarios. La resolución, de 37 páginas, responde a un amparo presentado por vecinos y la ONG Naturaleza de Derechos, quienes denuncian la falta de acción de las autoridades ante una problemática que afecta a numerosas localidades agrícolas de la provincia de Buenos Aires.

Un problema que viene de lejos

En diciembre de 2024, un muestreo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló concentraciones alarmantes de arsénico en el agua de Ciudad Nueva. Los resultados oscilaron entre 128 y 368 microgramos por litro (µg/l), muy por encima del máximo de 10 µg/l recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA). Esta no es la primera vez que la justicia interviene en 9 de Julio: en 2014, la Corte Suprema falló en la causa "Kersich", estableciendo que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Sin embargo, la solución implementada en aquel entonces por Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) no llegó a todas las zonas afectadas.

El reciente fallo también reconoce la conexión de este caso con la causa "Kersich" y ha ordenado citar a ABSA como parte del proceso. La empresa había asumido la responsabilidad de proveer agua potable a la zona afectada, pero hasta la fecha la infraestructura prometida no ha sido completamente ejecutada.

Además del arsénico, los estudios señalan que los agrotóxicos utilizados en la región contribuyen a la contaminación del acuífero. Investigaciones científicas han demostrado la sinergia entre el arsénico y el glifosato, potenciando sus efectos tóxicos y aumentando el riesgo de enfermedades graves como el cáncer y trastornos hormonales.

Las medidas ordenadas por la justicia
Ante la gravedad del caso, la justicia ordenó una serie de medidas urgentes:

1. Suministro de agua potable: El municipio deberá proveer bidones de agua segura a las familias afectadas, escuelas, centros de salud y hogares de ancianos. También se habilitarán centros de distribución comunitarios.
2. Prohibición del consumo de agua contaminada: Se restringe el uso del agua de red en escuelas y para el consumo de menores de edad.
3. Monitoreo y transparencia: La municipalidad deberá realizar análisis mensuales del agua y publicar los resultados en medios locales y facturas de los usuarios.
4. Controles provinciales: La provincia de Buenos Aires deberá analizar el agua subterránea cada cuatro meses, verificando la presencia de más de 30 compuestos químicos, incluyendo glifosato y atrazina.
5. Vigilancia sanitaria: Se implementará un programa de estudios voluntarios en la población para detectar arsénico y agroquímicos en sangre y orina.
6. Protección de los pozos de agua: Se establece una zona de exclusión de 1.000 metros para fumigaciones con agroquímicos alrededor de las perforaciones de agua.
7. Análisis históricos: Se ordenó a la Autoridad del Agua de la provincia que presente estudios de los últimos cinco años sobre la calidad del agua en la zona.

¿Y ahora qué?

El fallo judicial marca un precedente en la lucha por el derecho al agua segura, pero los vecinos de 9 de Julio saben que la verdadera batalla es la implementación efectiva de estas medidas. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre el impacto ambiental del modelo agroindustrial argentino y la urgente necesidad de políticas públicas que protejan la salud de la población y los recursos naturales.

En una provincia donde el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento, la contaminación con arsénico y agrotóxicos no es un problema aislado. ¿Cuántas otras localidades están en riesgo sin saberlo? El acceso a información clara y controles rigurosos son esenciales para evitar nuevas crisis sanitarias. La lucha de 9 de Julio podría ser el puntapié inicial para un cambio estructural en la gestión del agua en Argentina.

Si vivís en una zona agrícola, revisá la calidad del agua que consumís. Exigir transparencia y políticas públicas responsables es la clave para garantizar el derecho al agua potable para todos.