El agua en disputa: la Corte de Mendoza define un caso clave tras 15 años de polémica

Después de más de 15 años, uno de los casos más importantes que tiene en sus manos la Suprema Corte de Justicia de Mendoza parece llegar a su punto de definición. Se trata del litigio por la entrega irregular de pozos de agua subterránea a un grupo de empresas que lograron desarrollos turísticos, inmobiliarios y agrícolas en una zona ambientalmente restringida: la margen derecha del Río Mendoza, en Perdriel, Agrelo y Ugarteche. En ese territorio, donde las perforaciones están prohibidas por la fragilidad del acuífero y la escasez hídrica, el Departamento General de Irrigación había rechazado sistemáticamente decenas de pedidos (84 en total). Sin embargo, en 2010, durante la gestión de Eduardo Frigerio al frente del organismo, se autorizó de forma irregular la perforación de 21 pozos a través de una organización intermedia: la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo, cuya única actividad registrada fue la gestión de esos permisos. Luego de que estallara el escándalo, Irrigación anuló las concesiones, Frigerio renunció antes de enfrentar un jury, pero la ejecución del cegado de los pozos quedó frenada por vía judicial. Los negocios, sin permisos legales, continuaron “de hecho”.

Ahora, todas las causas judiciales paralelas confluyeron en una sola decisión que deberá tomar el pleno de la Corte, es decir, los siete jueces. La causa madre, iniciada por Golf Club Alto Agrelo, se acumuló con otras similares presentadas por Inmobiliaria Reconquista, Bulnes, Viñas de Vertex, Aymuray y más, y fue elevada al pleno la semana pasada por los jueces María Teresa Day y Julio Gómez. La Corte también sigue de cerca el expediente administrativo que afecta la política de gestión del agua en la provincia, pero nunca abrió una investigación penal pese a las sospechas de corrupción que rodearon el caso desde el principio.

El Ministerio Público Fiscal, en un dictamen reciente, reconoció la relevancia del agua como bien público y no transable, pero también pidió tener en cuenta las inversiones realizadas y los usos “consolidados de hecho”, incluso sin autorización previa, lo que revela la tensión entre la legalidad, la seguridad jurídica y los intereses económicos en juego. Mientras tanto, otras empresas que solicitaron pozos de manera legal nunca obtuvieron permiso, y la restricción sigue vigente: mediante la resolución 1108, Irrigación prorrogó por dos años más la prohibición de nuevas perforaciones en la zona.

Entre las firmas beneficiadas por los pozos entregados en 2010 figuran Bulnes, Santa María de los Andes, Santacroce, Vignes des Andes, Aymuray, Viñas Alto Agrelo, Altos de Agrelo, Cerezas Argentinas, Golf Club Alto Agrelo, Inmobiliaria Reconquista y Viñas de Vertex, todas con intereses inmobiliarios, agrícolas o turísticos. El área en disputa no solo tiene un alto valor por su potencial económico, sino también por su fragilidad ambiental: allí mismo impacta la contaminación generada por la destilería de Luján de Cuyo, sobre el mismo acuífero.

La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre cómo se administran los recursos naturales en Mendoza, sobre todo en contextos de escasez hídrica y desarrollo económico agresivo. El agua subterránea, cada vez más valiosa y disputada, se convirtió en el corazón de una batalla entre legalidad, negocios y ambiente. Y ahora, la Corte tiene la palabra.