Grave retroceso ambiental: piden derogar la Ley de Bosques y ya se planea modificar por decreto la Ley de Glaciares

Argentina enfrenta un momento crítico en la protección de sus ecosistemas estratégicos con dos iniciativas que ponen en jaque la conservación ambiental: la solicitud de derogación de la Ley de Bosques Nativos (26.331) y la intención del Gobierno nacional de modificar por decreto la Ley de Glaciares (26.639). Ambas normas, creadas con la intención de preservar recursos naturales vitales para el país, están siendo cuestionadas por sectores productivos que buscan flexibilizar restricciones para ampliar actividades económicas, en especial la minería y la agricultura intensiva.

Estas medidas generan alarma entre científicos, organizaciones ambientalistas y comunidades locales, que advierten sobre un grave retroceso ambiental que podría comprometer la sustentabilidad y la seguridad hídrica de millones de argentinos.

 
Contexto y relevancia de la Ley de Bosques Nativos (26.331)
La Ley de Bosques Nativos fue sancionada en 2007 tras un fuerte reclamo social y ambiental frente a la deforestación acelerada en varias provincias del país, especialmente en el norte. Su objetivo principal es proteger los bosques nativos, regulando el uso del suelo para evitar la degradación y pérdida irreparable de estos ecosistemas, esenciales para la biodiversidad, el equilibrio climático y la calidad del agua.

La ley establece un sistema de categorías de conservación para clasificar las áreas boscosas en tres niveles: categoría I (rojo), donde está prohibido desmontar; categoría II (amarillo), con manejo sostenible bajo ciertas restricciones; y categoría III (verde), donde se permite el uso productivo responsable.

Además, la ley creó un Fondo Nacional de Bosques con recursos destinados a compensar a las provincias por restricciones impuestas y fomentar actividades productivas sustentables. Sin embargo, uno de los problemas más denunciados ha sido la falta de transferencia efectiva de estos fondos, dejando a los productores en situación de vulnerabilidad económica.

 
La polémica: conflicto de competencias y presión de lobbies agrícolas
El debate sobre la Ley de Bosques no solo refleja una disputa legal por las competencias constitucionales entre el Estado nacional y las provincias, sino que también pone en evidencia la influencia decisiva de los poderosos lobbies agrícolas y productivos. Según el artículo 124 de la Constitución, las provincias tienen soberanía sobre sus recursos naturales, pero la Ley 26.331 establece un control nacional rígido y centralizado que muchas provincias y productores critican por ser excesivamente restrictivo e invasivo, dificultando la planificación territorial ajustada a las realidades locales.

 Miguel Ángel López

En este escenario, figuras como Miguel Ángel López —ingeniero agrónomo chaqueño, empresario forestal y exdirector de Bosques de Chaco— se convierten en voceros del sector productivo que impulsa la derogación de la ley. López sostiene que la normativa ha sido un freno para el desarrollo económico provincial y acusa al Estado nacional de implementar una legislación que no ha cumplido con su promesa de transferir fondos para compensar las restricciones, dejando a los productores en una situación vulnerable. Sin embargo, sus posiciones han sido cuestionadas por ambientalistas y expertos, quienes señalan que López representa a un sector empresarial que prioriza la rentabilidad sobre la conservación, y que su discurso minimiza los graves impactos ecológicos y sociales que la deforestación acelerada provoca, especialmente en regiones con alta biodiversidad y comunidades rurales dependientes del bosque.

Además, López ha estado involucrado en controversias legales, como el fallo en el Municipio de Merlo, San Luis, donde se ordenó indemnizar a propietarios por restricciones a la explotación del bosque, un precedente que podría sentar las bases para más juicios contra políticas ambientales y favorecer la flexibilización de normas en detrimento del patrimonio natural. Su postura crítica hacia la ley, aunque legítima desde el punto de vista productivo, revela la tensión entre intereses económicos concentrados y la urgente necesidad de proteger los ecosistemas frente a la crisis ambiental global.

Este conflicto refleja no solo la lucha política y jurídica por el control del territorio, sino también cómo los intereses de grandes sectores productivos presionan para modificar o eliminar regulaciones ambientales clave, muchas veces a costa de la sostenibilidad y los derechos de comunidades locales.

 
La Ley de Glaciares (26.639): una conquista ambiental en riesgo
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue un paso pionero para América Latina, estableciendo protección integral a glaciares y zonas periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. El trabajo conjunto de científicos, organizaciones ambientales y comunidades originarias logró que se prohibieran actividades extractivas en estas áreas, reconociendo su rol vital para el abastecimiento hídrico, especialmente en regiones áridas del oeste argentino.

La norma prohíbe la exploración y explotación minera, petrolera e industrial que pueda afectar la integridad de estos ecosistemas, con multas y sanciones severas para quienes incumplan. Sin embargo, ahora el gobierno nacional impulsa un decreto para modificar la ley, reduciendo las áreas protegidas y habilitando proyectos mineros y petroleros en zonas periglaciares.

 
La influencia del lobby minero y el riesgo para el agua y el clima
El sector minero, que enfrenta restricciones por la ley vigente, es un actor clave en la presión para flexibilizar las normativas ambientales. La justificación oficial es que la modificación busca brindar “seguridad jurídica” a las inversiones y destrabar proyectos estratégicos, en un momento de necesidad económica.

Sin embargo, especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y organizaciones ambientales alertan que los criterios propuestos —como limitar la protección a glaciares mayores a una hectárea o que persistan más de dos años— son científicamente arbitrarios y ponen en riesgo la función hídrica esencial que cumplen estos ecosistemas.

La modificación implica un retroceso significativo en plena crisis climática global, comprometiendo el agua dulce que alimenta ríos, cultivos y comunidades enteras en regiones donde el agua es un recurso escaso y vital.

 
¿Qué está en juego para Argentina?
Ambas iniciativas reflejan un conflicto central entre intereses económicos inmediatos —especialmente minería y agricultura intensiva— y la necesidad urgente de preservar recursos naturales estratégicos para el futuro del país y su población.

La derogación de la Ley de Bosques y la modificación de la Ley de Glaciares representan no solo una amenaza ambiental, sino también un desafío constitucional, social y económico. La protección de los bosques nativos y glaciares no solo contribuye a la conservación de la biodiversidad y el equilibrio climático, sino que garantiza la seguridad hídrica y la calidad de vida de millones de argentinos.

 
La resistencia social y ambiental
Frente a estas amenazas, organizaciones ambientalistas, comunidades locales, científicos y sectores sociales están movilizándose para defender estas normativas. Reclaman transparencia, diálogo y participación ciudadana, así como el respeto a las competencias provinciales y al marco constitucional vigente.

En un contexto de emergencia climática global, flexibilizar estas leyes no solo pone en riesgo ecosistemas clave, sino que también aumenta la vulnerabilidad frente a sequías, incendios y pérdida de biodiversidad.