Tucumán: Los Pocitos, el barrio donde la contaminación persiste y la justicia archivó el caso

Más de 10 años después de la explosión de un transformador en el barrio Los Pocitos, al menos 287 vecinos conviven con enfermedades asociadas a la exposición a bifenilos policlorados (PCB), una sustancia prohibida en buena parte del mundo por su alta toxicidad. A pesar de peritajes, análisis médicos y denuncias, la Justicia de Tucumán archivó la causa y los transformadores siguen activos, liberando veneno invisible a metros de casas, escuelas y plazas.

Un accidente que se transformó en catástrofe sanitaria

Todo comenzó en 2012, cuando un transformador perteneciente a la empresa TRANSNOA SA explotó en plena vía pública del barrio Diagonal Norte. Lo que parecía un desperfecto técnico terminó marcando la salud de toda una comunidad.

Vecinos reportaron olores persistentes, presencia de operarios con trajes especiales y residuos que fueron retirados sin explicación. Poco después, los primeros síntomas aparecieron: descompensaciones, enfermedades en la piel, problemas respiratorios y, en muchos casos, diagnósticos de cáncer.

Mirta Abdala, una de las vecinas afectadas, fue una de las primeras en buscar respuestas. En 2017, la Universidad Nacional de Tucumán confirmó que tenía niveles de PCB en sangre cinco veces por encima de lo tolerado. A partir de su caso, se inició una causa penal que hoy se encuentra archivada.

¿Qué son los PCB y por qué son tan peligrosos?

Los bifenilos policlorados son compuestos químicos usados antiguamente en transformadores eléctricos por su estabilidad térmica. El problema es que esa misma estabilidad los vuelve extremadamente persistentes: pueden durar décadas en el ambiente y acumularse en el cuerpo humano.

Organismos como la OMS, la EPA de Estados Unidos y la IARC los consideran sustancias cancerígenas. También están vinculados con alteraciones del sistema inmune, endocrino, nervioso y reproductivo. En Argentina están prohibidos desde 2001. Aun así, en Tucumán siguen circulando en el sistema eléctrico.

Enfermedades, datos duros y una causa archivada

En 2022, un peritaje oficial realizado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) reveló que el 43,8 % de los habitantes del barrio Diagonal Norte sufre afecciones compatibles con exposición a PCB. Entre los síntomas más comunes se detectaron:

• Trastornos hepáticos y dérmicos
• Problemas oculares y tiroideos
• Daños neurológicos e inmunológicos
• Cáncer
• Irritación respiratoria
• Alteraciones en el desarrollo cognitivo y físico en niños

El relevamiento detectó entre los menores de edad al menos:

• 10 casos de retraso mental
• 14 con retraso madurativo
• 4 con autismo
• 2 con cáncer
• 1 con diabetes

Todos estos datos fueron incorporados a la causa penal, que fue archivada sin imputados por la Fiscalía Conclusional N°3.

Cinco focos contaminantes activos

Además del transformador que explotó, el informe oficial identificó al menos otros cuatro puntos contaminantes activos, todos relacionados con subestaciones de TRANSNOA SA. Estas están ubicadas en:

• Av. Campaña del Desierto 300 (sede de TRANSNOA)
• Av. Virgen Generala y Diagonal Lisandro de la Torre
• Av. Bartolomé Mitre y Virgen Generala
• Fray Cayetano Luis Beltrán y Av. Bartolomé Mitre
• Av. Bartolomé Mitre y Av. Campaña del Desierto

A pesar de que estas instalaciones fueron señaladas como pasivos ambientales activos, no se tomaron medidas concretas para su remoción o control.

Un Estado que escucha, pero no actúa

Entre 2012 y 2022, los vecinos presentaron más de 120 denuncias y reclamos ante distintas instituciones: EDET, TRANSNOA, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEPT), los municipios de Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán, Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo. Ninguna dio resultado.

Hoy, los vecinos organizados exigen la reapertura de la causa, el acceso al expediente y la revisión de todas las pruebas. Piden lo que cualquier comunidad merece: vivir sin miedo, sin contaminación y con justicia.

¿Qué sigue?

Mientras los transformadores siguen funcionando y los diagnósticos se acumulan, las respuestas no llegan. Lo que pasó en Los Pocitos no es solo una tragedia ambiental, es también una crisis institucional, política y ética. Una década después, el tiempo sigue corriendo… pero nadie se hace cargo.