En febrero de 2025, el Departamento General de Irrigación de Mendoza, bajo la supervisión de Sergio Marinelli, autorizó la perforación de nueve pozos en la Subcuenca El Carrizal, una zona previamente declarada en restricción hídrica. Entre los beneficiarios se encuentra Eduardo Elsztain, presidente de CRESUD S.A., quien recibió autorización para cinco de estos pozos, destinados a regar 424 hectáreas en la localidad de Agrelo, en el departamento de Luján de Cuyo.
Eduardo Elsztain, empresario vinculado a proyectos mineros y al poder político en Argentina.
La decisión ha generado alarma entre las Asambleas por el Agua de Mendoza, que denuncian una privatización encubierta del recurso hídrico. La zona afectada ya presenta vulnerabilidades debido a pasivos ambientales históricos, como los generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo.
Además de su influencia en el sector agrícola, Elsztain ha diversificado sus inversiones hacia la minería. A través de su empresa IFIS Ltd, adquirió una participación significativa en Argenta Silver, que posee el proyecto de plata El Quevar en Salta. Esta inversión, que asciende a 5 millones de dólares canadienses, le otorga aproximadamente el 12,7% de la compañía y representación en su Consejo de Administración.
Asimismo, Elsztain se convirtió en el mayor accionista de Challenger Gold, empresa australiana encargada del proyecto aurífero Hualilán en San Juan, con una inversión de 6,6 millones de dólares. Estas acciones refuerzan su presencia en el sector minero argentino, un área que considera de alto potencial de crecimiento.
El vínculo de Elsztain con el presidente Javier Milei es estrecho. No solo ha expresado su apoyo públicamente, sino que también lo alojó en su hotel durante la campaña presidencial y lo acompañó en actividades religiosas. Esta cercanía ha sido interpretada por críticos como un indicio de que las decisiones gubernamentales favorecen los intereses de grandes empresarios en detrimento del bien común.
Mendoza, con su clima árido y semiárido, depende del agua proveniente principalmente del deshielo de los Andes, que alimenta cuencas fundamentales como el río Mendoza y sus afluentes. La Subcuenca El Carrizal, donde se habilitaron los pozos en restricción, es solo una parte del delicado sistema hídrico provincial. Otros cursos de agua en riesgo incluyen:
- Río Mendoza: Fuente vital para el consumo urbano y la agricultura; su acuífero asociado sufre sobreexplotación y contaminación.
- Río Tunuyán: Relevante para la irrigación del Valle de Uco, también muestra signos de estrés hídrico por la extracción excesiva.
- Río Diamante: Fundamental para el sur provincial, presenta conflictos por la distribución del agua entre agricultura, industria y poblaciones locales.
La autorización para perforar en zonas con restricción contradice informes técnicos y científicos que aconsejan la conservación estricta de estos acuíferos para evitar su colapso irreversible. Sin embargo, el Departamento General de Irrigación, controlado políticamente, justifica estas decisiones alegando que existen volúmenes remanentes que se pueden distribuir.
El control político de la administración provincial ha facilitado una concentración inédita de poder en torno al acceso al agua, con decisiones que favorecen a grupos empresariales poderosos y cercanos al gobierno. Esta situación genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo productivo y la equidad en el acceso a un recurso esencial para la vida.
