La Política Ambiental
A través de un extenso decreto publicado durante la madrugada del martes, el Gobierno nacional formalizó una profunda reestructuración de entes estatales. El Decreto 462/2025 incluyó la disolución de organismos clave como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), así como la transformación estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que perdieron su autonomía y fueron subordinados a distintas dependencias ministeriales.
La medida se concretó horas antes del vencimiento del régimen de facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo por la Ley Bases, y generó un fuerte rechazo por parte de trabajadores del INTA, que realizaron cortes en la colectora de la Avenida General Paz y se enfrentaron con la Policía de la Ciudad.
Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la decisión como parte de un plan de simplificación estatal destinado a reducir el gasto público y eliminar “estructuras sobredimensionadas”.
Cambios clave: del modelo descentralizado al control ministerial
Entre los principales cambios, el INTI dejó de ser un organismo descentralizado para pasar a operar como una “unidad organizativa dependiente” de la Secretaría de Industria y Comercio. Según el decreto, se busca “corregir la superposición jerárquica” y racionalizar el uso de recursos, permitiendo que el instituto cree Centros de Investigación solo con autorización oficial y mediante aportes de terceros.
Una modificación similar afecta al INV, que si bien conservará su nombre para mantener reconocimiento internacional, ahora dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El organismo mantendrá potestades sobre certificaciones y control técnico, aunque se concentrará en el tramo final de la cadena productiva, con posibilidad de delegar funciones en otras entidades públicas o privadas.
Por su parte, el INTA pasará a ser un organismo desconcentrado. Si bien conservará sus funciones esenciales de investigación, extensión rural y articulación territorial, pierde autonomía presupuestaria y política, lo que, según sus trabajadores, podría afectar su operatividad en todo el país. Lo mismo sucederá con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que también fue reconvertido bajo el mismo modelo administrativo.
Disuelven la agencia que regulaba el cannabis medicinal
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la eliminación de la ARICCAME, el ente creado para supervisar el desarrollo del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. El informe oficial señala que el organismo tenía una estructura jerárquica sobredimensionada y no distinguía de manera adecuada entre los distintos usos de la planta Cannabis sativa L., lo que —según el texto— dificultaba la competitividad del sector.
A partir de ahora, la regulación quedará dividida: el Ministerio de Economía asumirá el control sobre el cáñamo industrial y las semillas, mientras que la ANMAT será responsable de los productos con fines exclusivamente medicinales. Se trata de un cambio de fondo que, para muchos actores del sector, implica el desmantelamiento de una política pública que buscaba profesionalizar y expandir una industria en crecimiento.
También eliminan INASE e INAFCI
El decreto también suprime el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas. Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura, mientras que un Comité Asesor de Semillas —de carácter honorario— asumirá tareas técnicas sin estructura propia. Según el texto, se trata de un proceso de “centralización operativa” para reducir costos y eliminar organismos descentralizados.
De igual modo, se disolvió el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyos programas y responsabilidades serán absorbidos por el Ministerio de Economía. Solo se mantienen el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y algunas funciones básicas de fiscalización. La decisión fue duramente criticada por sectores de la agricultura familiar, que alertan sobre el vaciamiento de políticas públicas clave para los pequeños productores.
Recursos al Tesoro y concentración administrativa
El decreto también establece que los ingresos generados por los organismos reformulados —a través de patentes, aranceles, aportes de terceros o rentas por servicios— pasarán directamente al Tesoro Nacional, dejando atrás la lógica de autogestión financiera que regía en algunos de estos institutos.
