La Política Ambiental
A 35 kilómetros de Uspallata, en la base del cerro San Jorge, se levantará una carpa blanca. Adentro, autoridades, técnicos, empresarios y vecinos se reunirán para discutir algo más que un estudio de impacto ambiental: el futuro del cobre en Mendoza. Pero también, y sobre todo, el modelo productivo que marcará a la provincia en las próximas décadas.
La audiencia pública convocada para el sábado 2 de agosto se presenta como un paso formal dentro del proceso de evaluación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, pero su impacto excede por mucho el expediente. Si el proyecto avanza, será el primer yacimiento de cobre en explotación del país, y abrirá una puerta que hasta ahora la Ley 7722 había mantenido cerrada a fuerza de movilización social y resistencia ambiental.
Hoy el clima es distinto. Uspallata, un pueblo históricamente reacio a la minería metalífera, vive una situación económica frágil. El turismo no alcanza. La ganadería y la agricultura no escapan a las consecuencias del cambio climático. En ese contexto, la posibilidad de empleo y formación técnica empieza a cambiar el humor social. El ejemplo más concreto: 700 personas se anotaron para participar en la audiencia. Otro: una capacitación en perforación diamantina ofrecida por la empresa agotó sus 80 cupos en menos de tres horas. Se anotaron 148 personas. En tiempos de crisis, el cobre suena como salvación.
Pero las preguntas no desaparecen: ¿se puede hacer minería en Mendoza sin cianuro? ¿Quién controla los impactos en la alta montaña? ¿Qué garantías tienen las comunidades aguas abajo si algo falla? ¿Qué pasará cuando se agoten los minerales y las promesas?
PSJ avanza con un discurso ajustado a los nuevos tiempos: sin uso de sustancias prohibidas, con técnicas "modernas", responsabilidad social y diálogo con las comunidades. El objetivo es claro: llegar a la Declaración de Impacto Ambiental antes de fin de año, con aprobación legislativa incluida. Si todo ocurre según los tiempos del expediente, la construcción comenzaría en 2026, la producción en 2028 y el cierre —si se respeta el plan— hacia 2045.
Pero el contexto no es neutral. Mientras Mendoza discute este proyecto, el Gobierno nacional impulsa el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a gran escala. Para algunos, un estímulo necesario. Para otros, una cesión anticipada de soberanía sobre los recursos naturales.
El cobre es, sin duda, uno de los minerales más buscados del siglo XXI. La transición energética lo necesita. Las cifras lo demuestran: según la Agencia Internacional de Energía, el 70% del cobre que el mundo usará en 2040 aún no fue extraído. Argentina tiene reservas importantes, pero una producción casi nula. Hoy exporta apenas 3 millones de dólares anuales en cobre. Chile, más de 50.000. El salto parece lógico, inevitable. Pero, ¿a qué costo?
Detrás del entusiasmo por la inversión, las capacitaciones y los discursos sobre futuro, quedan los debates aún pendientes: ¿es esta la única forma de desarrollo posible? ¿La minería es compatible con el ambiente en una provincia con crisis hídrica estructural? ¿Quién pagará las externalidades si algo sale mal?
La audiencia pública en Uspallata no definirá todo. No es vinculante. Pero sí funcionará como termómetro: social, político y simbólico. Si se percibe consenso, vendrán otras audiencias. Otros proyectos. Otras promesas. Si no, quedará abierta una grieta cada vez más difícil de cerrar: la que separa la urgencia del presente con la sostenibilidad del futuro. Y Mendoza, una vez más, tendrá que elegir de qué lado del cerro quiere quedar.
