La Política Ambiental
En una decisión sin precedentes, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de comprobarse un caso de contaminación industrial con químicos altamente peligrosos en las inmediaciones del Río Paraná.
La medida llega tras años de denuncias por parte de vecinos, el Foro Medio Ambiental (FOMEA) y organizaciones como Greenpeace, que desde hace tiempo venían alertando sobre los impactos tóxicos de la firma química. Los análisis oficiales, realizados tras una inspección el pasado 9 de junio, confirmaron la peor sospecha: Atanor vertía efluentes industriales en un ducto autorizado solo para residuos cloacales, infringiendo la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Glifosato, clorpirifos y metales pesados
Entre los contaminantes detectados se encuentran glifosato, atrazina, clorpirifos (prohibido en el país), además de fenoles y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, todos conocidos por su peligrosidad tanto para la salud humana como para los ecosistemas acuáticos.
"Al momento de la inspección, Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, los análisis encontraron todo lo contrario", sostuvo Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, quien remarcó que este nuevo episodio se suma a una larga serie de denuncias ignoradas.
Un centro logístico tóxico frente a una escuela
Lejos de asumir responsabilidades, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización, pero con una advertencia preocupante: planea mantener un centro logístico para productos peligrosos en el predio clausurado. La reacción fue inmediata.
"Es criminal acopiar agrotóxicos junto a un barrio y frente a una escuela", denunció el abogado ambientalista Fabián Maggi, representante de los vecinos. “La relocalización figuraba en nuestra demanda, pero primero tienen que hacerse cargo del pasivo ambiental que generaron”, enfatizó.
La ADA ordenó además cegar el ducto industrial en 24 horas y presentó un requerimiento formal para que la empresa entregue un plan de desmantelamiento de su planta de tratamiento de residuos, cuyos procesos también fueron cuestionados por irregularidades técnicas.
Un caso testigo del modelo químico
La clausura de Atanor pone en evidencia las falencias del modelo agroindustrial basado en agrotóxicos, cuya carga ambiental la terminan pagando las comunidades locales. San Nicolás se ha transformado en el epicentro de una lucha ambiental que expone cómo la impunidad corporativa puede extenderse durante décadas si no hay controles efectivos ni voluntad política.
Mientras tanto, la comunidad exige que el predio clausurado no se convierta en un nuevo punto de riesgo ambiental, sino en un espacio de reparación, remediación y justicia ecológica. La pelota ahora está en la cancha del Estado.
