La Política Ambiental
Con los votos del oficialismo y el acompañamiento parcial de otros bloques, la Legislatura de Río Negro sancionó una nueva ley de conservación de fauna silvestre. Impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, la norma promete modernizar el régimen vigente, aunque sectores de la oposición, ambientalistas y trabajadores del área advierten que abre la puerta a una mercantilización de la biodiversidad.
El proyecto, defendido por el legislador Gustavo San Román (JSRN), establece un marco legal para clasificar especies silvestres, regular la caza en sus distintas modalidades y normar la cría en cautiverio, introducción o extracción de fauna. Entre sus novedades, contempla la creación de un Fondo Provincial para la Fauna Silvestre, financiado con aranceles, multas y aportes privados, que será destinado a tareas de conservación, fiscalización y educación ambiental.
Sin embargo, el espíritu del texto generó divisiones. Magdalena Odarda, de Vamos Con Todos, rechazó la norma por considerar que responde a una lógica de explotación y no de protección, alterando el enfoque conservacionista vigente. Su compañero de bloque, José Luis Berros, cuestionó la escasa discusión legislativa y la ausencia de una consulta efectiva al cuerpo de guardafaunas, cuyos roles fueron “redefinidos” sin garantías laborales claras.
Uno de los puntos más controvertidos fue justamente el rol del personal de fiscalización ambiental, un área históricamente debilitada. Legisladores como Daniel Belloso, Juan Murillo y Claudio Doctorovich advirtieron que la provincia apenas cuenta con dos guardafaunas activos para todo su territorio, lo que convierte en papel mojado cualquier legislación que dependa de un control efectivo.
La ley también regula la actividad cinegética (caza) con fines deportivos, científicos o comerciales, en lo que muchos interpretan como una apertura al negocio de la fauna. Aunque se prevén permisos especiales de subsistencia para sectores vulnerables, la imprecisión sobre los criterios de sostenibilidad y la falta de mecanismos de participación ciudadana alimentan las sospechas sobre un eventual uso extractivista del recurso natural.
Desde el oficialismo, se insistió en que la norma es fruto del “diálogo con productores y sociedades rurales”, como señaló la legisladora Soraya Yauhar, mientras que Lorena Matzen (UCR) justificó la ley como una actualización “equilibrada” entre protección y sustentabilidad. Pero incluso voces afines al proyecto admitieron la necesidad de reforzar recursos, personal y controles, así como abrir espacios de consulta más amplios.
En definitiva, la sanción de la nueva ley de fauna silvestre de Río Negro llega con luces y sombras: por un lado, es una herramienta que moderniza el andamiaje jurídico vigente; por el otro, pone en tensión la conservación ambiental con intereses productivos en una provincia cuya biodiversidad ya enfrenta graves amenazas por la caza furtiva, la pérdida de hábitat y la falta de políticas públicas robustas.
¿Equilibrio o retroceso? Será el tiempo —y la capacidad de fiscalizar lo legislado— el que defina si esta ley sirve a la fauna silvestre o al mercado.
