La Política Ambiental
Lo que comenzó como un acampe vecinal para proteger un árbol histórico terminó en una jornada de represión, tensión institucional y acusaciones cruzadas. La ciudad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, vivió este fin de semana un nuevo capítulo del conflicto por la remoción forzada de un quebracho blanco centenario, en el marco de una obra vial promovida por el municipio.
Desde temprano, el sábado 6 de julio, una grúa enviada por una empresa privada —escoltada por un imponente operativo policial— se presentó en la avenida Padre Luchesse para retomar los trabajos de traslado del árbol. En el lugar, organizaciones socioambientales, vecinos autoconvocados y ciudadanos comunes bloquearon el paso de la maquinaria con una sentada pacífica. Exigían el cumplimiento de una orden judicial que intimaba a las autoridades locales y provinciales a presentar un informe técnico completo antes de avanzar con la obra.
Pese a esa orden, y ante la presión del municipio por cumplir con los plazos de la ampliación vial, la policía desalojó a los manifestantes. Se registraron forcejeos, empujones y heridos, incluyendo un fotógrafo independiente que sufrió cortes en el rostro. Los operarios, protegidos por el cordón policial, continuaron con la exposición de raíces del árbol.
Posturas oficiales y denuncias vecinales
El secretario de Gobierno local, Felipe Crespo, aseguró al diario La Voz que la grúa estaba lista para operar y que el árbol “está técnicamente liberado”, con supervisión de un ingeniero agrónomo. El intendente Pablo Cornet, por su parte, sostuvo que el municipio “está habilitado por la misma Justicia” y que solo se recibió un pedido de informe, no una orden de suspensión.
Mientras tanto, las organizaciones aseguran que el quebracho tiene cerca de 280 años de antigüedad y que su remoción implica un riesgo altísimo de muerte, aun con monitoreo técnico. Denuncian además que la reubicación se ordenó sin estudios de viabilidad adecuados, y que el procedimiento se ejecuta bajo fuerte presión política y sin participación ciudadana real.
Desde la organización @quebracho284 mostraron públicamente alternativas técnicas al ensanche vial, incluyendo una nueva traza elaborada por profesionales independientes que evitaría la remoción del ejemplar. Sin embargo, esas propuestas recién fueron aceptadas por la Justicia en mayo, cuando el operativo de remoción ya estaba en marcha.
La traza del conflicto
La historia del árbol y su resistencia lleva semanas. El primer intento de trasladarlo se frustró al no poder extraer la raíz principal. La empresa Jorba, inicialmente contratada, renunció al conocer la finalidad del trabajo. Una nueva empresa, proveniente de Tucumán, fue contratada para completar la tarea.
Desde el municipio se defiende la obra por su impacto en el tránsito: más de 25 mil vehículos diarios circulan por la zona, aseguran. También se destacó que el pozo receptor del árbol ya fue acondicionado, que el INTA colaboró con el envío de material genético para su propagación futura, y que se donarán mil plantas nativas para compensar el impacto ambiental.
Pero para los ambientalistas, las medidas de compensación no alcanzan cuando se trata de un ejemplar de valor patrimonial, cultural y ecológico. Cuestionan que se haya preferido avanzar con maquinaria y policía en lugar de buscar soluciones participativas.
¿Una política pública que atropella?
El caso del quebracho de Villa Allende pone en evidencia un patrón cada vez más frecuente: proyectos públicos que avanzan sin licencia social, sin consulta real y con desprecio por el patrimonio natural. En este escenario, la judicialización se convierte en la última herramienta de defensa de las comunidades ante obras que priorizan la “modernización” sobre el cuidado del ambiente y la participación democrática.
“Podrían haberlo evitado todo”, repiten los vecinos, que hoy ven cómo el quebracho centenario —posiblemente moribundo tras la extracción de sus raíces— se convierte en símbolo de una ciudad que elige avanzar, aun a costa de su historia viva.
