Canal de la Patria: denuncian ante la Corte Suprema una obra pública que mata animales y contamina el agua en el Chaco Seco

Lo que comenzó como una obra pensada para abastecer de agua y fomentar el desarrollo ganadero, terminó convirtiéndose en una trampa mortal para la fauna silvestre y una amenaza directa para la salud humana. Así lo denuncian tres organizaciones ambientales de primer nivel —Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre y FARN— que esta semana presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero.

El objeto del reclamo es el Nuevo Canal de la Patria, una obra hidráulica de 250 kilómetros revestida en hormigón, financiada por el gobierno nacional y ejecutada por el gobierno provincial. La demanda habla de un “grave daño ambiental de incidencia colectiva”, producto del diseño deficiente, la falta de monitoreo y la omisión de medidas correctivas pese a múltiples advertencias previas.

Un canal con consecuencias mortales
El canal atraviesa la ecorregión del Chaco Seco, una de las zonas más degradadas del planeta por la deforestación. En solo seis meses, se registró la muerte de más de 250 animales de al menos 40 especies distintas, muchas de ellas amenazadas, entre las que se encuentran osos hormigueros, corzuelas, tortugas terrestres, pecaríes y mulitas. La causa: las paredes inclinadas y resbaladizas de cemento del canal, que impiden a los animales salir una vez que caen al agua.

“El Canal de la Patria está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas”, alertó Cristian Fernández, del equipo legal de FARN.

Pero el problema no se agota ahí. La descomposición de los animales muertos podría estar contaminando el agua que abastece a comunidades humanas, advirtieron las entidades. “El derecho al agua segura no puede garantizarse a costa de la biodiversidad ni de la salud de las personas”, explicó Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre.

Un pedido urgente: reparación y justicia ambiental
Las organizaciones reclaman que la Corte ordene medidas urgentes: monitoreo del canal, identificación de tramos críticos, instalación de obras de mitigación, y la elaboración de un plan de gestión ambiental integral.

“La obra fue mal diseñada desde el principio. Nunca se tuvo en cuenta el impacto sobre los animales ni se aplicaron medidas para corregir los errores una vez construido”, sostuvo el abogado José Esain, representante legal de las ONG.

La acción judicial se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a recomponer el ambiente dañado. “El canal puede cumplir una función social, pero no a cualquier costo. Exigimos que se garantice su funcionamiento sin comprometer el equilibrio ecológico ni la vida silvestre”, subrayó Esain.

El canal de la infamia
Desde 2019, distintas organizaciones, académicos y la propia Defensoría del Pueblo advirtieron sobre los efectos del canal. En diciembre de 2024, la Resolución N°53/24 instó al gobierno nacional y provincial a implementar medidas de mitigación, sin éxito.

Hoy, las entidades acuden a la Corte Suprema no solo por el derecho al agua y a un ambiente sano, sino también por la necesidad de frenar una obra pública que, en nombre del desarrollo, reproduce el modelo de sacrificio ambiental y territorial que afecta a las regiones más vulnerables del país.

“La infraestructura estatal no puede ser excusa para avanzar sobre la biodiversidad. Lo que llaman Canal de la Patria, para nosotros es el canal de la infamia”, concluyó Jaramillo.