La Política Ambiental
La Justicia consideró que la Municipalidad de General Pueyrredon incurrió en una “conducta marginada de la legalidad” al negarse a entregar información pública sobre un polémico emprendimiento en las playas del sur. Podría haber implicancias sobre la validez de la audiencia pública ambiental.
Un reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata condenó a la Municipalidad de General Pueyrredon por no garantizar el derecho al acceso a la información pública en el marco de un megaproyecto inmobiliario en las playas del barrio Alfar. El fallo señala que tanto el intendente Guillermo Montenegro, como la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, incurrieron en una violación a derechos constitucionales, al no entregar documentación clave solicitada por la ciudadanía, en un acto que la Justicia calificó como “margenado de la legalidad” y de abuso de poder.
La información denegada —el Legajo Técnico de Obras del fideicomiso Explanada La Reserva— resultaba esencial para la evaluación ambiental de un proyecto que busca construir nueve edificios de más de 14 metros de altura sobre una franja costera protegida, donde la legislación vigente prohíbe la edificación desde 1950. La obra prevé la tala de al menos 750 árboles, así como el vertido de efluentes cloacales al arroyo Corrientes y, eventualmente, al mar, según el propio Estudio de Impacto Ambiental presentado por el desarrollador privado.
La demanda judicial subraya que el pedido de acceso a la información fue realizado antes de la audiencia pública convocada por la Dirección de Gestión Ambiental municipal, y que dicha audiencia se realizó sin garantizar que los vecinos y organizaciones tuvieran acceso a estudios técnicos obligatorios, como el Estudio de Suelo —relevante por los estacionamientos subterráneos proyectados a seis metros de profundidad— y el Estudio de Cono de Sombra, clave para evaluar el impacto en el entorno costero.
De confirmarse esta irregularidad, la legalidad de la audiencia pública podría quedar comprometida, abriendo la puerta a un posible pedido de impugnación del procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Además, el fallo judicial expone un entramado de discrecionalidad administrativa que favorece al sector privado por sobre el interés público, lo cual podría implicar responsabilidades adicionales para otros organismos intervinientes, como la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y la cartera ambiental provincial.
En palabras de organizaciones vecinales y ambientalistas, lo que está en juego no es solo el futuro de una porción crítica del ecosistema marino-costeros de Mar del Plata, sino también el principio democrático del acceso a la información ambiental. En un contexto de creciente presión sobre los bienes comunes, la opacidad estatal atenta contra el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan directamente su territorio y calidad de vida.
Como recuerda el fallo, sin información pública, no hay ciudadanía plena, y sin ciudadanía plena, no hay democracia real.
