French: la Justicia frena fumigaciones y obliga a garantizar agua segura por contaminación con agrotóxicos

En una decisión clave, la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín ratificó la medida cautelar que prohíbe el uso de agrotóxicos cerca de pozos de agua potable y obliga a entregar agua segura a la comunidad. El fallo responde a la contaminación con arsénico y agroquímicos en la localidad de French, partido de 9 de Julio.

En una resolución que marca un hito para la jurisprudencia ambiental argentina, la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la vigencia de una medida cautelar que prohíbe fumigar con agrotóxicos en un radio de 1000 metros de los pozos de agua que abastecen a la localidad bonaerense de French. La decisión también ratifica la obligación del Estado y de ABSA de garantizar el acceso a agua segura para toda la población.

El fallo representa un revés judicial para el Municipio de 9 de Julio, la Provincia de Buenos Aires y la propia empresa ABSA, que habían solicitado la revocación de las cautelares.

La causa se originó en 2024, cuando vecinos de French denunciaron altos niveles de arsénico y la presencia de glifosato y otros pesticidas en el agua subterránea. El estudio del Hospital Italiano reveló que el 13% de los habitantes presentaban glifosato en sus organismos, en una zona donde la agricultura intensiva con agroquímicos es la norma.

La situación sanitaria se agravó con el abandono de la planta de ósmosis inversa en French —instalada originalmente para tratar el agua contaminada— mientras la empresa concentró sus esfuerzos en la planta de potabilización de la ciudad cabecera.

Un fallo con alcance nacional
El caso French se articula como una evolución del célebre caso “Kersich” (2010), en el que la Corte Suprema reconoció el derecho humano al agua potable frente a la contaminación por arsénico. Ahora, la Justicia avanza un paso más al incorporar también los efectos de los agrotóxicos como amenaza concreta a la salud y al ambiente.

Gracias al desarrollo de técnicas de detección más precisas, la presencia de sustancias como glifosato, atrazina y 2,4-D puede ser probada en el agua, ampliando así los estándares de control y los alcances jurídicos para la protección del derecho al agua segura.

“El principio de progresividad ambiental se plasma en esta sentencia: no sólo se exige reparar el daño, sino también prevenirlo”, destacaron fuentes jurídicas consultadas.
Un modelo productivo en jaque
El fallo pone en tensión el modelo agrícola dominante, basado en monocultivo, uso intensivo de agrotóxicos y desprecio por el entorno natural. Lejos de ser un caso aislado, lo ocurrido en French revela un patrón sistémico de contaminación del agua subterránea, cuyos costos sanitarios recaen sobre las comunidades y no sobre quienes lucran con el extractivismo.

Mientras tanto, la resistencia comunitaria y el camino judicial abren nuevas posibilidades para otros pueblos rurales que enfrentan situaciones similares de abandono ambiental.

French se convierte así en símbolo y precedente de una jurisprudencia ambiental más exigente, con enfoque en derechos humanos y basada en la ciencia. Una señal clara: la salud y el ambiente ya no pueden seguir subordinados al negocio del agronegocio.