Tucumán le baja el pulgar a sus guardaparques: Jaldo veta la ley y frena un paso clave para cuidar la biodiversidad

En una decisión que generó fuerte malestar entre organizaciones ambientales, referentes académicos y parte del arco legislativo, el gobernador Osvaldo Jaldo vetó la ley que creaba el Cuerpo Provincial de Guardaparques de Tucumán, sancionada por la Legislatura el 26 de junio. La norma buscaba institucionalizar una fuerza ambiental dedicada a la protección de áreas naturales, la fiscalización de actividades ilegales, la educación ambiental, y el rescate de fauna y flora autóctona.

Lejos de fortalecer la política ambiental provincial, Jaldo optó por dinamitar el proyecto, con argumentos técnicos y presupuestarios que, en la práctica, reflejan una falta de voluntad política para avanzar en conservación real. En los hechos, el veto deja a Tucumán sin una estructura formal que proteja sus áreas naturales más frágiles, justo cuando los desmontes, incendios y el extractivismo están en auge.

El veto, formalizado a través del Decreto N° 1904/3, lleva la firma del propio Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. Aunque en los papeles se reconocen las “buenas intenciones” de la ley, el gobierno provincial argumenta que el proyecto es “inviable” por carecer de estructura presupuestaria sólida y no estar alineado con normativas nacionales.

Pero detrás del tecnicismo, hay una decisión política clara: no invertir en una herramienta fundamental para frenar delitos ambientales y cuidar los territorios. Un modelo que calza perfectamente con el del gobierno nacional de Javier Milei, al que Jaldo responde como uno de sus principales aliados provinciales, incluso apoyando iniciativas federales que han buscado desfinanciar organismos ambientales, desactivar el Ministerio de Ambiente y frenar leyes clave como la Ley de Humedales.

El proyecto de ley no era simplemente una “declaración de buenas intenciones”. Preveía la creación de un cuerpo inicial de 25 guardaparques, con posibilidad de expandirse a 165, priorizando la incorporación de baqueanos y conocedores locales del monte, algo clave en la conservación comunitaria. Además, establecía funciones específicas como:

• Fiscalización de actividades ilegales dentro de áreas protegidas
• Prevención y combate de incendios forestales
• Monitoreo de especies en peligro y control de exóticas invasoras
• Apoyo en emergencias ambientales y rescate de fauna
• Educación ambiental y promoción del turismo sostenible

El Cuerpo actuaría sobre áreas protegidas provinciales, municipales y privadas, en una provincia donde cada año se pierden cientos de hectáreas de bosque nativo sin control real ni presencia estatal.

El argumento central del veto fue el uso de fondos que ya están asignados a otras políticas ambientales (como los derivados de la Ley de Bosques), algo que para los impulsores de la ley no era un obstáculo, sino una cuestión de prioridades y articulación institucional. Sin embargo, el gobierno prefirió paralizar la propuesta en lugar de trabajar sobre sus ajustes.

“Reconocen que es necesario, pero no lo hacen. Lo que hay es falta de voluntad política”, afirman desde organizaciones que acompañaron el proyecto.

En momentos donde el colapso ecológico avanza a pasos acelerados, negarle presupuesto y estructura a los defensores del territorio es, directamente, una forma de permitir que siga el saqueo ambiental. Tucumán tiene una de las tasas más altas de fragmentación de ecosistemas, y cada día que pasa sin una fuerza de control activa, es un día ganado para el negocio ilegal de tierras, fauna y madera.

El veto de Jaldo es más que un error: es un mensaje peligroso. Muestra que, al igual que el gobierno nacional, se elige recortar derechos ambientales y desmantelar políticas públicas fundamentales, incluso cuando esas políticas son el último escudo entre la vida silvestre y el ecocidio.