Los dueños de la empresa que explotó en Ezeiza, Pablo Celhabe y Horacio Fiz, están siendo investigados por la justicia federal en una causa por presunta defraudación a la empresa interestatal YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), conformada por el Gobierno nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán.
El expediente había tenido inicialmente un dictamen de sobreseimiento para los 22 imputados, pero la Cámara Federal revocó ese fallo el año pasado y ordenó continuar con la investigación para determinar la responsabilidad de los acusados en dos delitos principales: la venta de lingotes de oro a empresas privilegiadas a precios inferiores al mercado y el supuesto sobreprecio pagado a empresas proveedoras de cianuro de sodio, un insumo clave en la industria del oro.
Entre estas empresas se encuentra Logischem S.A., la misma compañía que sufrió la explosión en Ezeiza, destruyendo además los galpones de Iron Mountain, empresa vecina de resguardo de información sensible. En la causa federal, Logischem está sospechada de haber suministrado cianuro con hasta un 200% de sobreprecio.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas revisó 20 expedientes de licitaciones privadas de cianuro entre enero de 2014 y marzo de 2016 y concluyó que YMAD evitó la licitación pública mediante un desdoblamiento: se realizaba una licitación privada cada 40 días con siempre las mismas empresas participantes: Volpor, Heat Sales y Logischem, en un esquema que la justicia describe como “pescar en una pecera”.
YMAD produce en su mina de Farallón Negro, Catamarca, aproximadamente 65 kilos de oro al mes, exportados a Suiza. Su directorio está conformado por un representante del gobierno nacional, dos de Catamarca y dos de la Universidad de Tucumán. En agosto pasado, el ex rector de esta universidad imputado en la causa, Juan Alberto Cerisola, fue condenado a tres años y medio de prisión por malversación de fondos provenientes de la minera.
Aunque el Gobierno nacional incluyó a YMAD en un paquete de leyes para su privatización, la empresa continúa siendo pública. Actualmente, su presidente es Juan Pablo Limodio, ex funcionario porteño, cuya continuidad podría depender de las negociaciones entre el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobierno nacional. Jalil busca que la provincia recupere el control total de YMAD, incorporando a su hermano Fernando Jalil y a Ángel Mercado, ex marido de la senadora Lucía Corpacci, en el directorio.
Mientras la causa por defraudación sigue su curso y YMAD continúa recibiendo oficios de Comodoro Py sobre las licitaciones irregulares, en Logischem esperan la investigación sobre el origen de la explosión en Ezeiza. Según denuncias internas, a los empleados nuevos se les indicaba manipular el material tóxico y combustible de forma extremadamente simplificada: “Los pescaditos tachados por un lado y las calaveras por el otro”.
