La Política Ambiental
En el Ministerio de Producción de Chaco es un secreto a voces que generó malestar la reciente denuncia pública de la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAA) sobre supuestos desmontes irregulares. La entidad cuestionó, a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, lo que calificó como “imputaciones genéricas o indiscriminadas” contra autoridades y actores del sector, sin distinción ni respaldo técnico suficiente, generando —según el Gobierno— un clima de sospecha injustificada.
Ante esto, el titular de la cartera productiva, Oscar Pablo Dudik, decidió actuar. Según trascendió, habría expresado: “Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia”.
La carta documento
Agroperfiles pudo confirmar que Dudik envió una carta documento a la AAA, intimándola a:
Cesar de inmediato en toda declaración o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales.
Abstenerse de difundir información falsa.
Presentar, en un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción, todo material técnico, documental o probatorio que respalde sus afirmaciones.
Presunta presión a la Justicia
La intimación incluyó un pedido expreso para que la AAA ratifique y aporte pruebas sobre sus declaraciones en torno a que “poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal Zunilda Niremperger se declare incompetente, sin siquiera petición de parte”. Dudik advirtió que, de no cumplirse, se iniciarán acciones legales —civiles, penales o administrativas— incluyendo reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de los involucrados.
Postura oficial
En el documento, el ministro afirmó que el Gobierno chaqueño mantiene su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, “siempre que se base en datos verificables y un debate serio y responsable”. Rechazó “cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico”, y advirtió que “decir por decir, en pos de instalar una impresión pública contraria a la realidad, resulta abusivo, despiadado e insolente”.
Dudik sostuvo que las políticas provinciales apuntan a un modelo de ordenamiento territorial de bosques nativos que respete la legislación nacional y la Constitución, conciliando la preservación de la biodiversidad con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo digno.
Según el funcionario, la gestión busca garantizar un uso responsable, planificado y supervisado de los recursos forestales, en estricto respeto del marco legal y de las decisiones judiciales, “sean estas favorables o contrarias” a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
