La Política Ambiental
La Comunidad Mbya Guaraní El Pocito, ubicada en Capioví, denunció que el empresario ganadero Javier Striedel avanzó sobre su territorio ancestral con desmontes y alambrados para instalar un criadero de vacas y búfalos. La comunidad, que habita formalmente esas tierras desde 1982 y cuenta con reconocimiento legal de posesión tradicional bajo la Ley 26.160, advirtió que el emprendimiento afecta sectores de monte nativo que utilizan para prácticas culturales, medicinales y de subsistencia.
El conflicto expone un escenario crítico: mientras Striedel asegura tener derechos dominiales y anunció que acudirá a la Justicia, la comunidad reclama al Estado provincial que garantice la vigencia de las normas de protección indígena y ambiental.
Reuniones de mediación convocadas por la Municipalidad de Capioví no lograron acuerdos. La mburuvicha de El Pocito, Sergia Ferreyra, denunció amenazas y afirmó: “Somos preexistentes, este es nuestro territorio y nos ampara la ley”.
El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), que acompaña el reclamo, advirtió que el Ministerio de Ecología ya constató infracciones ambientales por desmonte, pero aún no se aplicaron sanciones. “Son las propias comunidades las que terminan cumpliendo funciones de control”, señaló María “Kiki” Ramírez, integrante de Emipa.
El antecedente histórico refuerza la posición comunitaria: en 1982 El Pocito fue constituida como tekoa tras un acuerdo municipal y con tierras adquiridas por la Asociación Indigenista Misionera. Desde entonces, las 23 hectáreas reconocidas se mantienen como espacio vital para la continuidad cultural mbya.
La disputa se produce en un contexto de creciente hostigamiento a comunidades indígenas en Misiones y en medio de la incertidumbre generada por la derogación de la Ley 26.160, aunque los derechos adquiridos por relevamientos ya realizados —como en este caso— se mantienen vigentes.
