
Vecinos, especialistas y científicos advierten sobre una emergencia ambiental en uno de los ríos más emblemáticos de la Patagonia.
A seis meses de asumir como subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom concedió su primera entrevista pública. El funcionario, que depende de Daniel Scioli y carece de formación en materia ambiental, defendió una gestión “sin ideologías” incluso frente al negacionismo climático del propio Gobierno. En el diálogo con La Nación, adelantó que planean reformar la Ley de Glaciares para habilitar la minería en zonas hoy protegidas, aunque aclaró que “sería absurdo” retirarse del Acuerdo de París.
Un subsecretario con perfil empresarial
Brom, de 74 años, es licenciado en Administración de Empresas y se doctoró en Negocios. Llegó al cargo desde el INAI, y antes ocupó gerencias en el sector alimenticio. Su trayectoria no incluye antecedentes en gestión ambiental. Según explicó, su rol actual se limita a articular con provincias, buscar financiamiento internacional y respaldarse en equipos técnicos de carrera.
La agenda del Gobierno: producción primero
En la entrevista, Brom insistió en que la gestión ambiental debe correrse de las discusiones políticas:
“Lo peor es ideologizar el ambiente. Nuestro rol es gestionar dentro de la legalidad, sin ideologías que contaminen los objetivos o la eficiencia”.
El planteo encaja con la línea del Gobierno de Javier Milei, que redujo en un 70% el presupuesto ambiental y eliminó ministerios clave, como el de Ambiente, degradado a subsecretaría. Brom reconoció que su mayor desafío es “mostrar resultados sin generar ruido político” en un gabinete que relativiza el cambio climático y eliminó el Fondo de Manejo del Fuego.
La Ley de Glaciares en la mira
Uno de los puntos más controversiales fue su anuncio de reforma a la Ley de Glaciares, sancionada en 2010 como una de las principales normas de protección ambiental del país. Según Brom, la ley actual “prohíbe todo” y debería funcionar con un esquema similar a la “semaforización” de la Ley de Bosques, permitiendo actividades en ciertas zonas.
“Sobre los glaciares, la peor forma de proteger es prohibir. Con un correcto manejo y evaluación de impacto ambiental es suficiente”, afirmó.
El funcionario vinculó directamente esta postura con proyectos de cobre en San Juan, donde se estiman inversiones por 30.000 millones de dólares en áreas cercanas a glaciares y reservas de agua fundamentales para la vitivinicultura.
Escenario internacional y COP30
Respecto a la política exterior, Brom aseguró que Argentina no se retirará del Acuerdo de París y que se están preparando las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) hacia 2035. Sin embargo, reconoció que la presencia del país en la COP30 de Belém, Brasil, “todavía no está definida” y dependerá de Cancillería y del propio Milei.
Ambientalismo bajo sospecha
Consultado por la inclusión de activistas ambientales en el Plan de Inteligencia Nacional filtrado recientemente, Brom evitó críticas:
“No me voy a poner a criticar algo que haga otra dependencia. La libertad tiene que ser absoluta, libertad con responsabilidad”.
Un modelo productivo con tensiones
El funcionario defendió la convivencia entre producción y conservación, pero con un sesgo claro hacia el desarrollo extractivo:
“No es una dicotomía. La empresa presenta su impacto ambiental y la provincia decide. El Estado no tiene que prohibir, sino evaluar”.
Mientras tanto, el sector ambientalista advierte que bajo esta lógica los criterios de protección pueden flexibilizarse para favorecer proyectos mineros, hidrocarburíferos y otros incluidos en el RIGI.
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