Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) reveló que el presupuesto destinado a la deuda pública en 2025 equivale a 37 veces el total de las partidas ambientales. El contraste expone la magnitud del ajuste: mientras la deuda se consolida como prioridad, las políticas de protección climática, biodiversidad y gestión ambiental sufren recortes inéditos.
Según el relevamiento, entre 2023 y 2025 el presupuesto total cayó un 26,5% en términos reales. Pero el impacto sobre el área ambiental fue mucho más severo: nueve de diez programas sufrieron recortes de entre 28,1% y 83,2%.
Riachuelo sin saneamiento
El organismo más afectado es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que perdió un 83,2% de su presupuesto respecto a 2023. La caída coincide con el cierre de la causa judicial “Mendoza” por parte de la Corte Suprema, que en 2008 había originado el plan de saneamiento de la cuenca más contaminada del país.
La ejecución presupuestaria también marca un retroceso: en el primer semestre de 2025 solo se utilizó el 31,3% de los fondos disponibles, el nivel más bajo en cinco años. Esto deja inconclusas metas clave: solo el 42,5% de las soluciones habitacionales previstas se concretó, la red cloacal cubre apenas el 56,8% del área y más de una cuarta parte de los establecimientos industriales sigue operando sin adecuarse a los estándares ambientales.
Bosques y manejo del fuego en crisis
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos volvió a incumplir lo establecido en la Ley 26.331, recibiendo apenas el 10,1% de lo que le correspondía. La ejecución cayó 77,8% frente a 2023.
En paralelo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) funciona con dos tercios del presupuesto de 2023, pese a que 2024 registró el mayor número de incendios forestales en ocho años. Apenas ejecutó el 22% de sus fondos en la primera mitad del año. El traspaso del organismo al Ministerio de Seguridad, bajo control de Patricia Bullrich, fue criticado por especialistas, que alertan sobre la subordinación de una política socioambiental a una lógica de seguridad y control.
Parques nacionales y pronósticos climáticos, en retroceso
La Subsecretaría de Ambiente perdió un 68,9% de su presupuesto frente a 2023, mientras que la Administración de Parques Nacionales (APN) sufrió una baja del 40,1%. Además, los contratos laborales de brigadistas y técnicos se redujeron a un mes, lo que impide planificar políticas de largo plazo para proteger el patrimonio natural.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), clave para anticipar sequías, tormentas e inundaciones, tuvo una caída del 36,5% en su presupuesto real.
En cuanto al financiamiento para energías renovables y eficiencia energética, es 93 veces menor que el destinado a subsidios para hidrocarburos.
Superávit y prioridades políticas
El informe señala que con apenas el 88,5% del superávit fiscal acumulado en el primer semestre (unos $2,74 billones), podrían haberse restituido todos los recortes ambientales y sociales —incluidos los de educación superior y el Hospital Garrahan— sin afectar el equilibrio fiscal. Incluso después de esa reasignación, el Estado mantendría un superávit de $353.000 millones.
Sin embargo, todo indica que esa decisión política no llegará. El presidente Javier Milei ha rechazado públicamente la “Agenda 2030” y calificado al ambientalismo como una ideología “socialista”. En noviembre pasado retiró la delegación argentina de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, marcando un retroceso en los compromisos climáticos internacionales.
“No veo que la cuestión climática esté en discusión en ningún lado. Estamos desarmando nuestros compromisos internacionales, yendo para atrás”, advirtió Andrés Nápoli, director de FARN.
