La Política Ambiental
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó este miércoles 20 de agosto la decisión de la jueza Zunilda Niremperger que declaró la incompetencia del fuero federal para investigar la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) por presuntas irregularidades en la habilitación de desmontes ilegales en la provincia del Chaco.
Con esta resolución, la investigación sobre la llamada “Mafia del Desmonte” —que apuntaba a una red de funcionarios públicos provinciales y particulares acusados de facilitar la deforestación ilegal— pasará a la órbita de la justicia ordinaria chaqueña.
El argumento de la Cámara
El fallo, firmado por la jueza subrogante Patricia García, sostuvo que, tras un año de pesquisa, no se acreditó el requisito de interjurisdiccionalidad, necesario para habilitar la competencia federal en causas ambientales.
En su resolución, el tribunal señaló que “los elementos probatorios que obran en la causa no resultan suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad exigida”. Y agregó: “La magnitud del daño ambiental no autorizaría, por sí sola, la intervención del fuero federal, puesto que, de lo contrario, cualquier controversia ambiental podría ser federalizada por vía indirecta, lo que contraría principios constitucionales básicos”.
Los delitos en juego
La denuncia original de AAdeAA incluía delitos graves como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita, todos vinculados a maniobras para permitir desmontes ilegales. También se había mencionado la posible existencia de lavado de activos y trata de personas.
Sin embargo, la Cámara fue categórica: esas figuras penales “no han sido corroboradas mediante elementos objetivos incorporados al expediente” y aparecen solo como “proyecciones posibles de la maniobra, sin respaldo probatorio concreto que justifique la intervención del fuero federal”.
Una causa que vuelve al Chaco
El tribunal citó jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que la competencia federal en las provincias es de carácter excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Al no acreditarse los presupuestos requeridos, la causa será remitida a la justicia ordinaria de Chaco.
Según la sentencia, las maniobras denunciadas se desplegaron “por funcionarios provinciales quienes, de manera organizada y valiéndose de la función pública, habrían ejecutado acciones con particulares tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos del territorio provincial”.
