Mendoza: Repudio en la Legislatura por la represión en la marcha en defensa del agua

La Legislatura de Mendoza vivió este lunes un fuerte cruce político tras la presentación de un proyecto que repudia la represión policial ocurrida el pasado 29 de agosto, en la marcha en defensa del agua realizada en la capital provincial. La iniciativa, impulsada por la diputada Flavia Manoni, condena la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y exige explicaciones al gobernador Alfredo Cornejo.

La protesta había sido convocada por las asambleas por el agua para visibilizar su rechazo al proyecto minero San Jorge, que busca instalarse en Uspallata, en plena cordillera mendocina. Bajo la consigna histórica “El agua de Mendoza no se negocia”, cientos de vecinos y organizaciones ambientales se concentraron en el Km 0 de la Ciudad de Mendoza y marcharon hacia la Legislatura provincial.

Represión y denuncias
Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en tensión cuando, en la intersección de calle Las Heras y Patricias, se registraron forcejeos entre efectivos policiales y manifestantes. Testigos denunciaron represión con violencia desmedida y la detención de un joven que fue trasladado en un móvil policial sin patente, hecho que generó aún más preocupación entre los organismos de derechos humanos.

“Salimos a defender el agua y terminamos enfrentando palos y detenciones. No podemos permitir que se criminalice la protesta social”, expresaron desde las asambleas.

Un conflicto que vuelve
El caso vuelve a poner en el centro de la agenda la histórica defensa del agua en Mendoza, una provincia atravesada por la lucha por la Ley 7722, que limita el uso de sustancias químicas en la minería.

Ahora, con el proyecto San Jorge en discusión, las organizaciones sociales y ambientales advierten que se repite el mismo escenario: promesas de desarrollo económico versus riesgos de contaminación del agua en una de las provincias más áridas del país.

Mientras tanto, la Legislatura deberá debatir no solo la viabilidad de un proyecto cuestionado, sino también las responsabilidades políticas de la represión que intentó silenciar la voz de quienes salieron a la calle a defender el agua, un derecho colectivo y vital.