La Política Ambiental
El 73% de los 100 objetivos oficiales vinculados a la agenda climática en la Argentina no están encaminados a cumplirse para 2030. El dato surge de un informe del Observatorio Nacional de Acción Climática, una nueva plataforma pública que releva los compromisos asumidos por el Estado nacional en 23 documentos normativos y estratégicos.
El análisis, coordinado por la fundación Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) junto con más de 20 organizaciones multisectoriales —entre ellas Chequeado, Fundación Vida Silvestre y FARN—, clasificó cada meta según su grado de avance, utilizando evidencia documentada y trazable obtenida a través de pedidos de acceso a la información pública y del trabajo técnico independiente de especialistas.
De las 100 metas evaluadas, el 17% fue calificada como “imposible de cumplir”, el 20% “sin avances” y el 36% con “avance leve”. En conjunto, estas categorías representan el 73% de los objetivos en riesgo de incumplimiento. Solo un 16% muestra resultados alentadores: el 10% con “avance moderado”, el 3% con “cumplimiento esperado” y otro 3% ya “cumplido”. El 11% restante carece de información suficiente para su evaluación.
Entre los compromisos considerados imposibles de cumplir se destacan la erradicación total de los basurales a cielo abierto, la meta de no superar las 372 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) en 2025, y el desarrollo de una producción de hidrógeno verde superior a 1 megatonelada en 2030 y 5 megatoneladas en 2050.
Entre las metas con “avance leve” se incluyen la reducción de emisiones de CO₂ en el sector energético y la penetración de autos eléctricos equivalente al 2% del parque automotor. En tanto, compromisos como alcanzar la carbono neutralidad en 2050 o ampliar el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) a las 23 provincias permanecen sin avances.
“El problema central es la falta de seguimiento y de recursos asignados. Cuando no hay información pública ni responsables visibles, no se corrige a tiempo”, explicó Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras. Recordó además que la Ley 27.520 obliga al Estado a implementar un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, cuya puesta en marcha sigue siendo insuficiente.
El informe advierte que “la falta de avances en adaptación agrava las pérdidas por eventos extremos, los daños a la infraestructura y las cadenas de suministro, eleva costos de seguros, afecta la salud y la productividad, y tensiona la seguridad hídrica y alimentaria”.
Los resultados de cada meta pueden consultarse en la web del Observatorio, que se actualizará cada seis meses e incluye una biblioteca con toda la normativa y documentos oficiales utilizados para el monitoreo.
Entre las instituciones que participaron del proceso de evaluación se encuentran, además de SSF, Chequeado, Fundar, Sustentar, Democracia en Red, Círculo de Políticas Ambientales, Regenerar, Fundación Vida Silvestre, Universidad Austral, FLACSO, UNSAM Ambiente y Política, y el Club de Roma Capítulo Argentino.
El relevamiento también evaluó cuatro metas específicas del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, elaborado en 2022. Una de ellas plantea que para 2030 el 100% de las áreas protegidas cuenten con planes de manejo del fuego. De las 43 áreas que requieren ese plan, 30 ya lo tienen aprobado y 10 están en elaboración, por lo que el objetivo fue clasificado con “cumplimiento esperado”.
En cambio, la meta que exige que todas las provincias elaboren planes de manejo del fuego con consideraciones climáticas obtuvo un “avance leve”, al igual que la que propone tener 147 faros de conservación en funcionamiento para 2030. Actualmente existen solo 21 torres de detección temprana operativas, según información oficial del Ministerio de Seguridad.
Los resultados del observatorio reflejan una tendencia general: los compromisos climáticos de la Argentina, asumidos en foros internacionales y ratificados por ley, no cuentan con los recursos ni la coordinación necesarios para materializarse. Sin una estrategia nacional de monitoreo y financiamiento sostenido, el país se aleja de su meta de carbono neutralidad y de los objetivos del Acuerdo de París.
