La Corte de Justicia de Catamarca ordenó al Gobierno provincial entregar la información completa sobre las autorizaciones mineras en el Río Los Patos, el Río Trapiche y el Salar del Hombre Muerto, luego de que la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) denunciara ocultamientos y falta de transparencia. El fallo expuso la reticencia del Ejecutivo a cumplir con la ley y a brindar datos ambientales básicos que deberían ser públicos y accesibles.
La decisión, dictada por la Sala de Amparo y Amparo por Mora, remarca que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente no solo respondió fuera de plazo, sino que entregó documentación incompleta, fragmentada y con artículos omitidos. Los jueces Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Gómez y Jorge Bracamonte ordenaron que el Gobierno entregue la información total en diez días hábiles, con apercibimientos por desobediencia y multas diarias en caso de incumplimiento, dejando en claro la gravedad de la actitud oficial.
El amparo por mora fue promovido luego de meses sin respuestas, múltiples intimaciones y maniobras dilatorias por parte de la Administración. Incluso cuando finalmente entregó parte de la documentación, en julio, lo hizo sin los anexos y artículos completos de al menos 20 expedientes. En varios casos, la información faltante correspondía a estudios científicos y controles ambientales obligatorios, todos elementos clave para evaluar el impacto de las actividades mineras. Pese a ello, el Gobierno insistió en que “ya había respondido”.
El juez Figueroa Vicario aplicó el principio de “Máxima Divulgación”, que obliga al Estado a garantizar la transparencia absoluta de la información en su poder. Subrayó que la Administración debe tener estructuras adecuadas para difundir sus registros y datos, y criticó que pese a haber vencido los plazos legales, la información entregada no fuera completa. También alertó que algunas resoluciones aparecían fechadas después de la orden judicial de marzo de 2024 que prohibía nuevos permisos sin un estudio de impacto ambiental integral, lo que podría implicar un incumplimiento directo.
Para la Asamblea PUCARA, este fallo confirma lo que vienen denunciando desde hace años: que el Estado provincial favorece a las empresas mineras y oculta información crítica a las comunidades. Señalaron que su pedido era básico —saber quién usa el agua, con qué permisos y bajo qué controles— y que aun así el Gobierno se negó a responder. “Solo cuando la causa llegó a la Corte entregaron algo, pero incompleto y con datos claves escondidos. Incluso ocultaron una autorización del proyecto Fénix sobre el Río Los Patos”, denunciaron.
Las organizaciones remarcaron que en el Salar del Hombre Muerto hay más de diez empresas solicitando permisos, y que en todos los casos se negó información completa. Para PUCARA, el fallo tiene un significado profundo: reconoce el rol de las comunidades que, frente a la opacidad estatal, se organizan y exigen ejercer su derecho a controlar lo que pasa en sus territorios. Reivindicaron que la lucha colectiva fue clave para que la Corte interviniera.
“Sin información no hay control, sin control no hay límites y sin límites la crisis del agua la pagamos siempre las mismas comunidades, nunca las empresas. El acceso a la información ambiental no es un favor del Gobierno. Es un derecho”, afirmaron, destacando que solo la presión social y el trabajo de las organizaciones permitieron poner freno a prácticas que vulneran derechos y dañan ecosistemas frágiles de la puna catamarqueña.
