La Política Ambiental
Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.
Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.
El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
Fuente: Página 12
