La Política Ambiental
Paraná, Entre Ríos – En la tarde del sábado 26 de abril, una caravana integrada por más de cinco cuadras de vehículos y más de doscientos vecinos recorrió las calles de la capital entrerriana en reclamo por la recuperación del acceso público al borde costero del río Paraná. La manifestación fue convocada por la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, en el marco de un conflicto que reflotó una antigua promesa inconclusa: la creación del Parque Costero Combate Vuelta de Obligado, proyecto aprobado por ordenanza en 1995 pero nunca concretado plenamente.
El recorrido de la movilización comenzó en la tradicional zona de las “Cinco Esquinas” y culminó en el norte de la ciudad, en calle Pedro Londero al final, frente al predio donde hoy viven familias de pescadores artesanales y donde se proyecta el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario privado. Allí, la comunidad ribereña denuncia hechos de violencia, amenazas y presión por parte de los empresarios José María Armándola y Matías Folonier, quienes intentan apropiarse del lugar para construir condominios de alto valor.
La disputa volvió a poner en discusión el derecho al acceso público a la ribera del río, una problemática que se repite en múltiples puntos del país y que afecta directamente a comunidades que desde hace generaciones viven y trabajan junto al agua.
El reclamo ciudadano remite a la ordenanza N° 7.735, sancionada durante la gestión del exintendente Julio Solanas en 1995, que establecía la creación del “Parque Costero Combate Vuelta de Obligado” como espacio público recreativo. El área fue parcialmente acondicionada con esculturas, caminos y una cruz de madera, pero con el paso del tiempo el abandono estatal y la vegetación terminaron ocultando toda traza de infraestructura. Hoy, ese territorio vuelve a cobrar valor, pero no desde el interés colectivo, sino desde una lógica de mercado inmobiliario que amenaza con excluir a quienes lo habitan y disfrutan desde hace décadas.
“Vecinos y vecinas de Paraná nos organizamos para defender lo que es de todos. El Parque Costero debe ser un espacio público, no un negocio privado. Lo que están intentando hacer es apropiarse de un bien común usando métodos de presión, violencia y mentiras”, expresó Esteban “Tano” Rossi, referente de la Asamblea, en diálogo con el medio ambiental ERA Verde.
La movilización también sirvió para visibilizar las denuncias de violencia contra las familias ribereñas, especialmente la familia Maldonado, que desde hace años vive y trabaja en la zona como pescadores artesanales. Según informó la Asamblea, durante el último año se registraron amenazas con armas de fuego, quema de pastizales cercanos a las viviendas, contaminación de tanques de agua, matanza de animales y hostigamiento a niños y adultos.
Estas situaciones fueron informadas al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf), luego de que docentes de las escuelas donde asisten los niños afectados alertaran sobre el impacto emocional y psicológico que genera la violencia en el entorno.
“El nivel de agresividad ha escalado a niveles inaceptables. Hay un intento sistemático de expulsar a estas familias del lugar para avanzar con la construcción de viviendas privadas. Han puesto cámaras, portones, y cerrado caminos que históricamente eran públicos. Esto no es progreso, es desplazamiento social”, señaló Rossi.
La protesta del sábado fue acompañada por distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas, entre ellas el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). “Cada vez hay menos accesos públicos al río. Lo están cercando con cámaras y portones. Esto no solo afecta a los pescadores, sino a toda la comunidad que históricamente bajaba a comprar pescado, caminar o compartir un mate en la costa”, indicó Sofía Sforza, referente del MST.
Además, desde la Asamblea se denunció el respaldo político que empresarios como Armándola y Folonier reciben desde sectores del Concejo Deliberante y de la Cámara de Diputados de la provincia. En particular, apuntaron contra la familia Todoni, vinculada a los avances del emprendimiento privado en la zona.
Tras la movilización, la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná anunció que este lunes volverá a reunirse para evaluar las próximas medidas de acción. Mientras tanto, la disputa por el Parque Costero se posiciona como un nuevo caso testigo de las tensiones entre los derechos ambientales, el acceso equitativo a los bienes comunes y los intereses del mercado inmobiliario.
En tiempos donde la Agenda 2030 promueve el acceso justo a los recursos naturales, el reclamo por un parque costero libre y público no es un gesto nostálgico, sino un acto de justicia territorial y ambiental.
