Bolivia: amenazan de muerte a un dirigente indígena que enfrenta la minería ilegal en la Amazonía

La defensa del territorio indígena en la Amazonía boliviana quedó nuevamente bajo alerta después de que Javier Fernández Tuno, presidente de la CIPOAP, denunciara haber recibido amenazas de muerte que también alcanzaron a su familia. Las intimidaciones estarían relacionadas con sus acciones de denuncia contra la minería aurífera ilegal en el río Madre de Dios, en el departamento de Pando.

Según las declaraciones difundidas por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), las amenazas llegaron mediante llamadas telefónicas desde números desconocidos. En ellas habrían advertido al dirigente que dejara de denunciar públicamente las actividades mineras.

Las intimidaciones también incluyeron referencias a sus desplazamientos por carretera y a su presencia en la ciudad de Riberalta, en el departamento de Beni. El 1 de noviembre, Fernández presentó una querella penal ante la Fiscalía de Pando para solicitar que se investiguen las comunicaciones recibidas el 26 de octubre, se identifique a los responsables y se establezcan medidas de protección para él y su familia.

La presentación judicial busca determinar quiénes realizaron las llamadas y si detrás de las amenazas existen personas vinculadas con las actividades extractivas denunciadas por las comunidades.

La Defensoría del Pueblo exigió medidas de protección

El 29 de octubre, la Defensoría del Pueblo de Bolivia condenó las amenazas y reclamó una investigación inmediata. La institución solicitó a la Policía de Pando que evalúe el nivel de riesgo que enfrentan Fernández y sus familiares, active mecanismos de protección y garantice la confidencialidad de sus datos personales.

También pidió a la Fiscalía Departamental iniciar las actuaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables.

En su pronunciamiento, la Defensoría recordó las obligaciones asumidas por Bolivia a través del Acuerdo de Escazú, ratificado mediante la Ley 1182. Este tratado internacional establece garantías para el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de contemplar la protección de las personas defensoras del ambiente.

La intervención institucional se produce en un contexto de creciente tensión por las denuncias de minería ilegal en territorios indígenas amazónicos, donde las comunidades advierten sobre los efectos de la explotación de oro en los ríos, los bosques y sus condiciones de vida.

Los 184 kilómetros del río Madre de Dios en disputa

El conflicto se concentra en un tramo de 184 kilómetros del río Madre de Dios que atraviesa el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), en el departamento de Pando, al norte de Bolivia.

El territorio comprende más de 407.000 hectáreas y está habitado por comunidades de los pueblos tacana, ese ejja y cavineño. Para estas poblaciones, el río constituye una fuente fundamental de agua, alimentos y transporte, además de formar parte de su organización territorial y cultural.

La principal preocupación es el avance de la minería aurífera aluvial, una modalidad de extracción de oro que utiliza balsas y dragas instaladas sobre los cursos de agua y sus riberas.

Las organizaciones indígenas denuncian que estas operaciones provocan alteraciones en los cauces, degradación de los ambientes ribereños, pérdida de vegetación y contaminación por mercurio. Este metal pesado se utiliza en determinados procesos de separación del oro y puede ingresar en los ecosistemas acuáticos, acumularse en los organismos y alcanzar a las personas a través del consumo de pescado contaminado.

De acuerdo con los relevamientos territoriales presentados por las comunidades, entre enero de 2021 y febrero de 2025 se identificaron aproximadamente 2.080 balsas en el tramo estudiado. Las organizaciones sostienen que alrededor del 96% de las operaciones se encontraban fuera de las áreas autorizadas.

Los monitoreos también registraron una pérdida de aproximadamente 862 hectáreas de bosque entre 2023 y 2025, atribuida a la expansión de la minería aluvial.

Además, las comunidades incorporaron a su reclamo análisis de laboratorio realizados entre 2021 y 2024 por Spectrolab y Quebracho SRL. Según la documentación presentada en el proceso judicial, las muestras de agua evidenciaron concentraciones de contaminantes que superaban los límites establecidos por las normas ambientales.

Una orden judicial que las comunidades denuncian incumplida

El reclamo indígena llegó a la Justicia el 1 de julio de 2025, cuando las autoridades del Territorio Indígena Multiétnico II presentaron una Acción Ambiental Preventiva Directa ante el Juzgado Agroambiental de El Sena, en Pando.

La demanda fue dirigida contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), organismo encargado de regular y fiscalizar la actividad minera, y la cooperativa ASOBAL Madre de Dios SRL.

Las comunidades solicitaron detener las actividades mineras ilegales, revisar las autorizaciones otorgadas sin consulta previa y reconocer al río Madre de Dios como sujeto de derechos.

En diciembre de 2025, el Tribunal Agroambiental dispuso medidas precautorias para suspender las actividades mineras ilegales y paralizar las operaciones vinculadas con concesiones que no contaran con los correspondientes procesos de consulta previa, libre e informada.

Sin embargo, las organizaciones indígenas denunciaron que las disposiciones judiciales no se estaban cumpliendo y que las embarcaciones continuaban operando en sectores del territorio.

La falta de cumplimiento efectivo de las medidas profundizó el conflicto y llevó a las comunidades a organizar recorridos de vigilancia para identificar y retirar las balsas que consideraban ilegales.

Desalojaron 96 balsas y aumentó la tensión con los mineros

El 5 de octubre de 2026, representantes del Territorio Indígena Multiétnico II, acompañados por dirigentes de la CIPOAP y de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), realizaron un recorrido por el río Madre de Dios y desalojaron 96 balsas dedicadas a la explotación aurífera.

La intervención se extendió durante aproximadamente una hora de recorrido fluvial y formó parte de las acciones impulsadas por las organizaciones para defender el territorio y exigir el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Tres días después, Fernández informó que calculaban la existencia de aproximadamente 1.300 balsas ilegales, frente a 751 embarcaciones legales afiliadas a cooperativas mineras. El 15 de octubre, el dirigente también denunció que todavía permanecían 278 embarcaciones en sectores vinculados con 12 comunidades indígenas.

Estas cifras corresponden a relevamientos y declaraciones de las organizaciones indígenas, que cuestionan la magnitud de las operaciones extractivas y reclaman controles estatales efectivos.

El desalojo también generó rechazo entre trabajadores vinculados con la actividad minera. El 9 de octubre, la Asociación de Trabajadores Balseros de Riberalta, en el departamento de Beni, cuestionó la retirada de las embarcaciones.

Su presidente, Víctor Huari, sostuvo que la medida perjudicaba el sustento diario de familias que dependen de la extracción de oro y reclamó la intervención de las autoridades.

Fernández, por su parte, aclaró que el reclamo indígena no está dirigido contra los trabajadores ni contra su derecho al empleo, sino contra las prácticas extractivas que consideran perjudiciales para el ambiente y la salud de las comunidades. También planteó la posibilidad de establecer acuerdos con cooperativas para desarrollar actividades bajo condiciones ambientales adecuadas.

La contaminación por mercurio amenaza la vida en la Amazonía

El conflicto en el río Madre de Dios expone una problemática que atraviesa distintos territorios de la Amazonía: la expansión de la minería aurífera y sus consecuencias sobre los ecosistemas y las poblaciones que dependen de ellos.

La contaminación por mercurio representa un riesgo particular porque puede persistir en el ambiente y transformarse en compuestos que se acumulan en la cadena alimentaria. Los peces pueden incorporar estas sustancias y transmitirlas a las personas que los consumen habitualmente.

Para los pueblos tacana, ese ejja y cavineño, cuya alimentación y economía dependen en buena medida de los recursos del río, la degradación del agua no representa solamente un problema ambiental. También compromete la seguridad alimentaria, la salud y la continuidad de sus formas tradicionales de vida.

A este escenario se suma la pérdida de bosques y la transformación de las riberas por las operaciones mineras, con consecuencias sobre los hábitats de numerosas especies y el funcionamiento de los ecosistemas amazónicos.

Las amenazas denunciadas por Javier Fernández Tuno agregan otra dimensión al conflicto: el riesgo que enfrentan quienes reclaman controles sobre las actividades extractivas y defienden los derechos territoriales de sus comunidades.

Mientras la Fiscalía debe investigar las intimidaciones y las autoridades deben garantizar la protección del dirigente y su familia, las comunidades continúan reclamando que se cumplan las medidas judiciales y se detenga la minería ilegal en los 184 kilómetros del río Madre de Dios que atraviesan su territorio.