Tras el bloqueo aéreo, terrestre y fluvial decretado a mediados de enero por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la Tierra Indígena Yanomami para expulsar a la minería ilegal de la región de unos 9,6 millones de hectáreas, las Fuerza Armadas de Brasil intensificaron los operativos contra los buscadores clandestinos de oro que se resisten a abandonar la zona.
Equipados con uniformes de camuflaje y armas pesadas, miembros del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y de la Policía Federal de Carreteras (PRF), apoyados por efectivos militares, redoblaron desde el viernes pasado los vuelos sobre la selva amazónica en busca de los campamentos ilegales que todavía siguen en actividad.
"Primero establecimos bases de control para detener la logística de las actividades ilegales en los dos principales ríos. Ahora, estamos empezando otra fase, que es atacar estos frentes de minería, desestructurando y neutralizando" los campamentos, explicó a la agencia de noticias AFP Felipe Finger, coordinador del Grupo Especializado de Fiscalización (GEF) del Ibama.
Se trata de asentamientos que se divisan desde el aire como manchas marrones de superficie deforestada en medio del verde de la Amazonia. “Al avistar los helicópteros del gobierno, los garimpeiros (mineros de oro) huyen a la selva, dejando atrás sacos llenos de dióxido de estaño, al que llaman oro negro, y que también es extraído ilegalmente de la tierra indígena con fines comerciales”, agregó el funcionario.
"La minería ilegal no va a acabar, no tiene que ver con Lula o con Bolsonaro", dijo en declaraciones a AFP un hombre detenido durante uno de los operativos, mientras los agentes del Ibama y de la PRF incineraban las máquinas de uno de los campamentos allanados. "Es como un vicio. El que viene una vez ya no quiere salir nunca más. Aquí gano 5.000 reales (unos US$ 1.000) por semana. ¿En qué trabajo se puede ganar eso en la ciudad?", cuestionó el hombre luego de ser detenido.
Según los líderes de la comunidad yanomami, unos 20.000 mineros clandestinos invadieron su territorio desde la década de 1980, matando indígenas, abusando sexualmente de mujeres y adolescentes, y contaminando sus ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos. La situación empujó progresivamente a una crisis humanitaria con un saldo de al menos 570 niños muertos por desnutrición, envenenamiento y enfermedades prevenibles sólo en los últimos cuatro años.
Ante este panorama, el gobierno de Lula da Silva decretó a fines de enero la situación de emergencia sanitaria y autorizó una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y otras instituciones para expulsar a los invasores de la mayor tierra indígena del país, en la frontera con Venezuela. Sin embargo, según precisó a la prensa local el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, unos mil mineros se resisten a salir.
El funcionario señaló que, desde el inicio de la operación, los militares concretaron 130 evacuaciones por helicóptero para asistir a pacientes aislados y entregaron casi 9.000 canastas básicas con alimentos y medicamentos. También confirmó la existencia de enfrentamientos, como el registrado sobre el río Uraricoera, cuando mineros ilegales a bordo de siete lanchas atacaron con armas de fuego un puesto de control del Ibama.
Dino detalló que uno de los criminales resultó herido y el resto logró huir con un cargamento de dióxido de estaño. “El ataque es una reacción que demuestra la efectividad de las operaciones y la retoma del territorio por parte del Estado, tras cuatro años de connivencia y abandono", agregó la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien ratificó que la Policía Federal continuará con la investigación por posible "genocidio" contra los yanomamis.
"Sufrimos diarrea y vómitos, no tenemos asistencia en salud, las personas pasan hambre y no tenemos qué comer", dijo un indígena yanomami entrevistado por AFP durante una incursión del Ibama en una aldea ubicada a un centenar de kilómetros del hospital de campaña instalado por la Fuerza Aérea en Boa Vista, capital del estado de Roraima, donde los médicos de fuerza llevan realizadas más de 1.500 asistencias.
El decreto firmado por Lula de Silva establece que mientras dure la emergencia sanitaria las autoridades federales serán las encargadas de canalizar las solicitudes de bienes y servicios necesarios para el transporte de equipos y el suministro de agua potable, alimentos y ropa; como así también disponer la apertura o reapertura de puestos de apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y de las unidades básicas de salud del Ministerio de Salud.
La norma, además, establece que el acceso de personas al territorio sólo puede efectuarse con el permiso conjunto del Ministerio de Salud y del recientemente creado Ministerio de Pueblos Indígenas, a cargo de la líder indígena Sonia Guajajara. "Sabemos que el origen del problema es la presencia de la minería de oro clandestina, que es muy fuerte en el territorio yanomami, y la vamos a desmantelar para cortar el mal por la raíz", reiteró el ministro de Defensa, José Múcio, quien también anticipó la intensificación de los operativos.
Fuente: El Observador (Uruguay)
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