Escándalo institucional en San Nicolás: El Fiscal Rubén Giagnorio agredió a un vecino que reclamaba el inicio de una obras en un humedal

Todo comenzó con el desalojo de pobladores del Paraná, a la fuerza por la policía bonaerense sin orden judicial alguna, para permitir el acceso de tractores y maquinaria para destruir el predio de bosque nativo de la zona, y poder así luego iniciar con obras inmobiliarias. Cabe destacar que la zona también es considerada un humedal.

Los vecinos de la localidad de San Nicolás fueron sorprendidos violentamente por personal policial que pretendió desalojarlos, y permitió el ingreso de tractores para deforestar la zona.

Ante la resistencia de los habitantes se generaron hechos de violencia y agresión, defensores de los derechos ambientales se presentaron en la fiscalía de San Nicolás para pedir explicaciones y mínimamente una orden judicial para este accionar.

Acá sucedió lo peor, ya que primeramente no se les permitió el ingreso a la fiscalía, y luego se lo invitó a pasar a Damián Caballero, para luego agredirlo físicamente. Como se ve en el video ante esta situación otra defensora intentó grabar el suceso y un oficial le arrebata el celular de la mano.

Caballero es un defensor ambiental que está presente en muchas de las protestas de esta zona, y ya ha recibido distintos abusos por parte de las autoridades.

No obstante, en la Argentina se encuentra vigente el Acuerdo de Escazú  que le otorga una protección especial a los militantes ambientalistas teniendo en cuenta a las agresiones constantes que reciben por parte de los responsables de los daños ambientales. El acuerdo establece en el punto 9  de obligatorio cumplimiento por parte de la Argentina “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.”

Desde LPA repudiamos estos hechos y reafirmamos que el rol del estado es asegurar el estado de derecho. Este avance ilegal e ilegitimo por parte de la Municipalidad de San Nicolás, como así también su connivencia con la fiscalía implica una vulneración por parte de quien detenta el poder en este caso gobierno estatal, a través de la fuerza policial, en total ausencia de una orden judicial.

Los defensores ambientales que litigan en esta causa presentaron sucesivas denuncias penales que se encuentran paralizadas, dejando a los pobladores totalmente desamparados de su acceso a la justicia y desprotegidos, permitiendo la injerencia ilegal y la represión de la policía dentro de la propiedad privada.

Al ser tan notable la irregularidad de esta causa la táctica que está utilizando la fiscalía es confundir sobre quien es el fiscal a cargo de la cuestión, se pasan la pelota entre ellos para no hacerse cargo.

Hay que aclarar que un comisario no puede por sí sólo mandar a desalojar a ninguna persona, debe contar con una orden judicial. Esta voracidad por destruir el ambiente responde a una enorme especulación inmobiliaria, y para ello le deben quitar el valor natural y ambiental que tiene, una vez destruido sobre ello construyen.

Los organismos que deben intervenir están completamente ausentes, permitiendo que se deforeste esta zona de bosque nativo que es competencia de la provincia, donde ya se ha denunciado y la provincia no ha hecho nada al respecto. OPDS no ha intervenido en absoluto.

Todo se da en el marco de la deforestación del bosque nativo del Parque Aguiar y hoy con el tema islas.