El martes pasado, la noticia de la muerte y el desmembramiento de un yaguareté en la localidad de Estanislao del Campo, Formosa, provocó una ola de indignación y preocupación. El yaguareté, uno de los últimos ejemplares de esta especie protegida, fue abatido por cazadores furtivos en un acto que ha puesto en evidencia la continua amenaza que enfrenta esta especie emblemática del Gran Chaco argentino.
El yaguareté, declarado Monumento Natural Provincial en Formosa por la Ley 1.673 en 2018, se encuentra en grave peligro de extinción, con menos de 20 individuos conocidos en la región chaqueña. Esta situación crítica resalta la urgencia de medidas más efectivas para proteger a este felino de la caza furtiva y la pérdida de hábitat.
Greenpeace ha sido una de las principales voces en la denuncia de la situación. La organización alertó que la caza ilegal y la deforestación están llevando a la especie al borde de la extinción. En 2019, Greenpeace presentó un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se establezca una política de 'deforestación cero' en áreas críticas como las yungas, la región chaqueña y el litoral argentino. La falta de acción ha llevado a la organización a entregar recientemente informes que demuestran cómo se viola sistemáticamente la Ley de Bosques en provincias como Formosa. "Estamos en un punto crítico. La deforestación y la caza furtiva están arrasando con el hábitat del yaguareté, y la Corte debe actuar de manera urgente", señaló Greenpeace en un comunicado.
Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y actual director ejecutivo de la Red Yaguareté, indicó que el ejemplar asesinado fue fotografiado por primera vez la semana pasada. Según Ocampo, el caso no parece estar relacionado con redes de tráfico organizadas, sino con cazadores locales que, aunque no son cazadores profesionales de yaguaretés como en décadas anteriores, tienen conocimientos suficientes para llevar a cabo estos actos ilegales.
Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales, explicó que las sanciones por estos delitos son mínimas y a menudo excarcelables. Desde 2005, la Red Yaguareté ha impulsado la apertura de 72 causas relacionadas con la caza furtiva, pero lamentablemente, hasta la fecha, no se ha logrado encarcelar a ningún responsable.
Este incidente en Formosa no es un caso aislado. En 2020, se reportó la muerte de otro yaguareté en la provincia de Salta, y en 2021, un tercer caso ocurrió en el Chaco. La reiteración de estos incidentes pone de manifiesto una crisis persistente en la protección de esta especie y el hábitat que necesita para sobrevivir.
La situación del yaguareté en Argentina requiere una respuesta coordinada y urgente que incluya no solo la aplicación estricta de la ley, sino también políticas efectivas para la conservación de los bosques y la educación de las comunidades locales. Sin estas medidas, el futuro del yaguareté y de otros animales en peligro, como el ocelote y el puma, sigue siendo incierto.
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