La discusión sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta ha desatado una ola de críticas hacia las autoridades provinciales, revelando profundas tensiones entre el gobierno y las organizaciones ambientalistas. El nuevo mapa, que pronto será debatido en la Legislatura provincial, ha generado controversia por su impacto potencial en la conservación de los bosques nativos, según denuncian varias agrupaciones de la sociedad civil.
Denuncias de Amplia Deforestación y Falta de Transparencia
Organizaciones como la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, la Fundación Entre Mujeres y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades han manifestado serias preocupaciones sobre el mapa propuesto. En una carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz, estas organizaciones han denunciado que el nuevo OTBN permitiría el desmonte de hasta 721.568 hectáreas de bosques nativos, un área significativamente mayor que la permitida por el mapa anterior.
Las críticas se centran en la recategorización de áreas previamente protegidas, que ahora podrían ser desmontadas. Estas organizaciones argumentan que esta medida no solo vulnera la Ley de Bosques, sino que también otorga impunidad a quienes han deforestado ilegalmente, premiando prácticas que deberían ser penalizadas. “Esta decisión premia la ilegalidad y el incumplimiento de la ley, lo que va en contra de los principios de protección ambiental y equidad”, afirmaron en su carta.
El nuevo mapa clasifica los bosques en tres categorías: la Categoría 1 (rojo) para áreas de alto valor de conservación, la Categoría 2 (amarillo) para áreas de conservación menor, y la Categoría 3 (verde) para zonas donde se permite el desmonte. Las críticas también se han dirigido a la inclusión de una categoría marrón, que permitiría el desmonte en zonas compartidas entre amarillo y verde, una medida que, según las organizaciones, no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques.
Metodología de Participación y Exclusion de Comunidades
Otro punto de conflicto es la metodología de participación utilizada para la elaboración del nuevo mapa. Las organizaciones denunciaron que el proceso fue llevado a cabo de manera irregular, excluyendo a organizaciones territoriales y comunidades originarias, fundamentales para una gestión forestal inclusiva y justa. “La falta de consulta y participación de las comunidades locales es una grave falta que refleja un desprecio por sus derechos y conocimientos”, indicaron.
En respuesta a estas críticas, Lucas Seghezzo, miembro del Consejo Técnico Asesor, defendió el proceso, afirmando que la participación pública fue promovida y que se realizaron talleres con representantes de las comunidades locales. Sin embargo, las críticas persistieron, acusando al gobierno provincial de ignorar las voces de quienes realmente viven y dependen de los bosques.
Ejemplos de Políticas Controversiales en Otras Provincias
Las críticas a la gestión forestal en Salta no son únicas. En Chaco, la deforestación ha aumentado significativamente a pesar de las leyes de protección. Entre 2018 y 2020, más de 70.000 hectáreas fueron desmontadas, lo que ha tenido un impacto devastador en la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región. A pesar de las restricciones legales, la falta de aplicación efectiva y el incumplimiento de las normativas han sido recurrentes.
En Misiones, la implementación del OTBN en 2021 también generó controversia, con críticas sobre la recategorización de áreas verdes a amarillas y rojas. Esto facilitó el desmonte en zonas anteriormente protegidas, afectando gravemente a ecosistemas y comunidades locales, y mostrando una preocupante falta de compromiso con la conservación real.
Consecuencias de la Deforestación y el Desafío de la Conservación
La deforestación no solo implica la pérdida de biodiversidad y la destrucción de hábitats críticos, sino que también afecta a las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. En Salta, la expansión del desmonte podría agravar estos problemas, afectando el equilibrio ambiental y exacerbando los conflictos sociales.
El caso de Salta subraya la necesidad urgente de una gestión forestal que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental, garantizando una participación inclusiva y efectiva en la toma de decisiones. Sin estas medidas, la preservación de los bosques nativos y la biodiversidad de Argentina seguirán enfrentando serios desafíos.
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