Polémica en Salta: se habilita el desmonte de 700 mil hectáreas de bosques nativos

En una votación que dejó al descubierto profundas tensiones entre desarrollo productivo y preservación ambiental, el Senado de Salta aprobó el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), habilitando el desmonte legal de más de 700 mil hectáreas. La medida, que ahora debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo provincial, enfrenta duras críticas de organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, mientras que sectores productivos celebran la actualización de una normativa que consideran "obsoleta".

 
El nuevo mapa de bosques: entre el desarrollo y la deforestación
La aprobación del nuevo ordenamiento territorial fue respaldada por una amplia mayoría en el Senado, con solo tres votos en contra: los legisladores Walter Wayar (Cachi), Manuel Pailler (San Martín) y Miguel Calabró (La Caldera).

El senador Esteban D’Andrea defendió el proyecto argumentando que responde a la obligación legal de actualizar el mapa territorial cada cinco años, según la Ley Nacional de Bosques (26.331). Sin embargo, admitió que esta actualización debería haberse realizado en 2019 y aseguró que el objetivo es fomentar un uso sustentable de los recursos naturales.

El plan establece tres categorías:

Rojo: Zonas de preservación absoluta.
Amarillo: Áreas para actividades sustentables.
Verde: Áreas transformables para usos productivos.
Sin embargo, la redistribución territorial plantea serias dudas. Se redistribuyeron más de 30.000 hectáreas de categoría roja y se redujeron 300.000 hectáreas de la categoría verde. Esto, para muchos críticos, más que equilibrar, representa una flexibilización que podría traducirse en un avance desmedido sobre áreas protegidas.

 
Críticas desde el ambientalismo y las comunidades originarias
Greenpeace, una de las organizaciones más activas en el rechazo al proyecto, calificó la aprobación como "un golpe devastador para los ecosistemas de la región". Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques, adelantó que la ONG llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia para frenar los desmontes y proteger especies amenazadas como el yaguareté.

Además, Cruz denunció la falta de consulta previa a las comunidades originarias, lo que constituye una violación de sus derechos garantizados por tratados internacionales y la propia Ley Nacional de Bosques (26.331).

En el mismo sentido, Manuel Pailler y Walter Wayar solicitaron que el proyecto volviera a comisión para un análisis más exhaustivo, enfatizando que no se garantizaron los principios de no regresión ambiental ni los criterios de sustentabilidad establecidos por la ley nacional.

 
Un historial de deforestación alarmante
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, en Salta se desmontaron más de 714 mil hectáreas, muchas de ellas en zonas protegidas (Categorías I – Rojo y II – Amarillo).

Durante la gestión anterior, el gobierno provincial llevó a cabo recategorizaciones prediales, permitiendo desmontes ilegales en áreas que debían estar protegidas. Estas acciones fueron declaradas ilegales por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Auditoría General de la Nación, pero nunca se restauraron las áreas afectadas ni se penalizó a los responsables.

El nuevo mapa, lejos de corregir estos errores, parece validar prácticas cuestionables del pasado.

 
Un compromiso internacional en riesgo
En la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) de 2022, Argentina firmó el compromiso de alcanzar la Deforestación Cero para 2030. Sin embargo, el nuevo ordenamiento territorial de Salta se aleja de esa meta, al permitir desmontes en áreas previamente clasificadas como rojas y amarillas.

El principio de no regresión ambiental, que establece que las leyes ambientales no pueden retroceder en la protección de los ecosistemas, ha sido claramente vulnerado.

 
Fallas en el relevamiento de comunidades originarias
La Ley 26.160, que ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, sigue inconclusa en Salta. Sin esta información, cualquier actualización del OTBN carece de los datos necesarios para garantizar los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios.

Además, no se llevaron a cabo talleres participativos en los territorios ni en los idiomas originarios, incumpliendo el derecho a la consulta previa, libre e informada consagrada en tratados internacionales.

 
Fragmentación y pérdida de biodiversidad
Los críticos advierten que permitir desmontes en áreas protegidas no solo vulnera la normativa vigente, sino que fragmenta los bosques, impidiendo la continuidad de los ecosistemas. Esta fragmentación afecta directamente la supervivencia de grandes mamíferos como el yaguareté y genera un impacto negativo en el equilibrio de la biodiversidad regional.

 
Conclusión: una batalla en marcha
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta ha abierto una grieta entre quienes ven en él una herramienta para el desarrollo productivo y quienes lo consideran un retroceso ambiental inaceptable.

Mientras las organizaciones ambientales preparan sus recursos judiciales y las comunidades originarias exigen ser escuchadas, el Gobierno de Salta se enfrenta al desafío de demostrar si realmente puede controlar los desmontes ilegales y garantizar la protección efectiva de los bosques nativos.

La sociedad salteña, y el país en su conjunto, seguirá de cerca un conflicto que no solo afecta al presente, sino que define el futuro de uno de los patrimonios naturales más valiosos de Argentina.