Ley de Agroquímicos en Entre Ríos: ¿Progreso productivo o retroceso ambiental?

La reciente aprobación de la Ley de Agroquímicos en la provincia de Entre Ríos ha desatado una intensa polémica entre ambientalistas y productores rurales. Mientras que el sector ambiental denuncia que la normativa es un retroceso en términos de protección ambiental y salud pública, el sector agropecuario celebra lo que consideran una actualización necesaria para garantizar la productividad.

¿De qué se trata la nueva ley?
La normativa, conocida formalmente como Ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios, regula el uso de agroquímicos en zonas rurales. Sin embargo, el principal punto de conflicto radica en las distancias permitidas para fumigar cerca de cursos de agua: la nueva ley establece un límite de 5 metros, cuando la normativa previa exigía una distancia mínima de 50 metros.

Para los ambientalistas, esta modificación no solo es un retroceso, sino también una vulneración del principio de no regresión ambiental, un estándar fundamental en materia legislativa que prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados.

Ambientalistas: camino a la Justicia
Desde organizaciones como la Coordinadora Basta es Basta y Nuevo Brote Nativo, ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para declarar inconstitucional la ley. Además, no descartan la posibilidad de redactar un texto alternativo que respete los estándares ambientales actuales y presentarlo en la Legislatura a través de mecanismos de participación ciudadana.

La abogada ambientalista Aldana Sasia fue clara al señalar que la ley no se adecúa al estado actual de la ciencia y que las afirmaciones sobre la inocuidad de los productos químicos son cuanto menos cuestionables.

El respaldo de los ruralistas
Por otro lado, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) ha celebrado la sanción de la ley. Para ellos, representa un avance que brinda certeza jurídica y estabilidad al sector productivo, evitando el riesgo constante de judicialización de cada campaña agrícola.

Según Farer, esta norma es fruto de un trabajo participativo entre distintos sectores económicos, productivos y técnicos, y responde a una necesidad urgente de modernizar la regulación vigente, considerada obsoleta por los productores.

El eje de la disputa: ¿producir o proteger?
El debate no parece tener puntos medios. Mientras que los ambientalistas sostienen que la ley favorece a las empresas de fumigación en detrimento de la salud pública y la seguridad ambiental, los productores ven en esta normativa un marco legal que les permitirá operar con mayor previsibilidad.

Lo que viene: el escenario judicial
La batalla por esta ley no terminará en la Legislatura. Los tribunales serán el próximo escenario de disputa. Allí, los ambientalistas intentarán demostrar la inconstitucionalidad de la norma y exigir una regulación que proteja tanto el ambiente como la salud de las personas.

Mientras tanto, la sociedad entrerriana queda atrapada en este debate que, lejos de resolverse, parece estar recién comenzando.

¿Es posible encontrar un equilibrio entre la producción agropecuaria y el cuidado del ambiente? Esa será, sin dudas, la pregunta clave que definirá el futuro de esta ley y su impacto en el territorio entrerriano.