La Política Ambiental
Una vez más, los derechos de las comunidades indígenas en Argentina son vulnerados en nombre del negocio. En Tilcara, Jujuy, la comunidad Cueva del Inca fue víctima de un violento intento de desalojo que dejó heridos, casas destruidas y un profundo repudio social.
Más de 200 efectivos de la Policía jujeña, incluyendo Infantería, irrumpieron este martes en la Quebrada de Sarahuaico, donde se ubica el territorio ancestral de la comunidad. Golpes, represión y detenciones marcaron una jornada que terminó con la intervención de la Justicia Federal, que ordenó frenar el operativo por 48 horas.
Un desalojo ordenado, pero ilegal
La orden de desalojo había sido firmada por la jueza provincial Lis Valdecantos Bernal, la misma que en 2024 avaló otra expulsión violenta en la comunidad de Guerrero. Esta vez, el blanco fue Javier Mamani, integrante de Cueva del Inca. Sin embargo, el operativo fue contra toda la comunidad: destruyeron viviendas, detuvieron a Walter Condori y Sebastián Copello (ya liberados), y desplegaron un operativo desmedido con ambulancias, bomberos y fuerzas especiales.
Todo esto en un territorio que cuenta con reconocimiento legal: la comunidad tiene personería jurídica y una carpeta técnica emitida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) desde 2014, en el marco de la Ley 26.160 que protege las tierras indígenas frente a desalojos. A esto se suma que la zona forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, por su riqueza arqueológica.
¿Negocio inmobiliario detrás del conflicto?
Detrás de este conflicto se encuentran intereses hoteleros. La causa judicial que dio pie al intento de desalojo fue iniciada por los supuestos dueños de la hostería “Canto del Viento”, cuyo nombre figura a nombre de Gustavo Vázquez, aunque vecinos denuncian que en realidad pertenecería a un político local.
“La comunidad es preexistente. El territorio es comunitario, no se puede vender ni embargar. Pero aun así, se impuso la violencia policial sobre el derecho indígena”, denunció la abogada Silvana Llanés, una de las representantes legales de la comunidad.
Resistencia con identidad y dignidad
En medio del despliegue represivo, la comunidad no se quedó callada. Mujeres, jóvenes y mayores se organizaron en resistencia, con banderas whipalas, cantos y carteles que decían “No al desalojo”. La diputada provincial Natalia Morales (PTS-FITU) también se hizo presente y denunció el operativo como “una represión al servicio de capitales hoteleros”.
La intervención de Gendarmería Nacional fue clave para frenar temporalmente el operativo. Lo ordenó la Justicia Federal, tras una denuncia de las abogadas del pueblo indígena, ante las claras irregularidades legales y el daño al patrimonio cultural.
Un conflicto que viene de lejos
Desde hace años, Cueva del Inca viene resistiendo la avanzada del negocio inmobiliario en la Quebrada. A pesar de los relevamientos territoriales, los títulos comunitarios y las leyes que los amparan, las decisiones judiciales siguen favoreciendo a privados que reclaman tierras con escrituras del siglo pasado.
“La represión fue brutal. Estamos indignados. Pero seguimos resistiendo”, expresó Miriam Alfaro, presidenta de la comunidad. Hoy, como tantas veces, las mujeres están al frente de la defensa del territorio.
Silencio mediático y repudio social
Medios alternativos que cubrían el hecho denunciaron el uso de inhibidores de señal, una táctica del gobierno de Carlos Sadir para obstaculizar la difusión de lo que pasa en el norte argentino. A pesar de eso, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, y organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados de repudio al accionar policial y judicial.
Recordaron, además, que el Convenio 169 de la OIT —que Argentina firmó— obliga al Estado a consultar de forma libre, previa e informada a las comunidades indígenas cuando se ve afectado su territorio.
¿Hasta cuándo se va a permitir esto?
La comunidad Cueva del Inca necesita que no miremos para otro lado. Este no es solo un conflicto por tierras: es una lucha por el derecho a existir, a vivir en paz, a preservar el legado ancestral y proteger un territorio que es de todos.
La próxima vez que pienses en la Quebrada como destino turístico, recordá que detrás del paisaje hay pueblos enteros que están siendo desplazados. Y que resistir no es delito, es un derecho.
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