La Justicia frena el avance del gatillo fácil contra la fauna: le dan curso a demanda contra el gobierno de Frigerio por autorizar caza de aves autóctonas

Cinco especies en la mira, repudio nacional y tratados internacionales ignorados
Entre Ríos – En una decisión que reaviva el debate sobre la caza deportiva y la protección de la fauna silvestre en Argentina, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio curso a una demanda de inconstitucionalidad contra el gobierno provincial, luego de que este habilitara la matanza de cinco especies de aves autóctonas mediante una polémica resolución oficial.

La denuncia fue presentada por las ONG Conciencia Animal, Ayuda Animal y Arroyo Perucho Salvaje, que acusan al gobernador Rogelio Frigerio y a la Dirección de Recursos Naturales de violar la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales de protección ambiental y de biodiversidad.

Aves bajo fuego legal
Todo comenzó con la Resolución Nº 0997, que habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto la temporada de caza menor en la provincia. ¿Las especies permitidas? Cinco aves autóctonas: pato picazo, pato de collar, pato cutirí, sirirí pampa e inambú común (más conocida como perdiz). La caza está autorizada tanto en campos abiertos para residentes locales como en cotos de caza, donde pueden participar cazadores extranjeros o de otras provincias.

Pero la norma no solo aumentó la cantidad de especies cazables, sino también la superficie permitida, favoreciendo abiertamente al negocio privado de los cotos, mientras las aves nativas pagan el precio.

¿Entre Ríos para quién?
La medida fue ampliamente repudiada por sectores socioambientales y de protección animal, que denuncian que la resolución no solo es inconstitucional, sino que también viola acuerdos internacionales que Argentina firmó y debe cumplir: el Acuerdo de Escazú, la Convención de Bonn sobre especies migratorias y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros.

Además, la demanda presentada el 30 de mayo también cuestiona el artículo 7 de la Ley Provincial Nº 4841, que habilita la manipulación de armas de fuego por parte de niños y adolescentes durante actividades de caza. Una práctica alarmante que pone en juego no solo la vida animal, sino la seguridad y educación de menores.

El 12 de junio, el Superior Tribunal resolvió dar curso a la demanda. Ahora resta que la Justicia se expida sobre la medida cautelar solicitada, que podría frenar la caza mientras se resuelve el fondo del asunto.

¿Naturaleza o negocio?
Este no es solo un tema de aves, sino de qué modelo ambiental queremos construir. Mientras la biodiversidad enfrenta amenazas globales por el cambio climático, incendios forestales y pérdida de hábitats, en Entre Ríos se toma la decisión política de permitir la caza de especies protegidas en nombre del turismo cinegético.