Buenos Aires: la Corte le puso un freno al arsénico en el agua y falló a favor de los vecinos de Chivilcoy:

Después de más de diez años de reclamos, movilizaciones y lucha judicial, los vecinos y vecinas de Chivilcoy lograron una victoria histórica: la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme un fallo que obliga a la empresa a cumplir con los estándares nacionales de agua potable.

La sentencia es clara: el agua para consumo humano no puede tener más de 10 microgramos por litro (µg/L) de arsénico, tal como establece el Código Alimentario Argentino y recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). ABSA, por el contrario, intentaba ampararse en una normativa provincial desactualizada que permitía niveles cinco veces mayores.

¿Qué implica este fallo?
De forma inmediata, ABSA deberá construir una planta de ósmosis inversa para remover el arsénico presente en el agua subterránea que abastece a Chivilcoy, y mejorar el servicio de forma urgente. Además, el Organismo de Control del Agua (OCABA) deberá hacer controles bimestrales y públicos, reforzando la transparencia y el seguimiento ciudadano.

Pero el impacto va más allá de una sola localidad: este fallo sienta jurisprudencia y refuerza un principio clave que hoy cobra cada vez más relevancia: el derecho humano al agua está por encima de cualquier excusa económica o desidia institucional.

Arsénico: un enemigo invisible
El arsénico es un contaminante natural presente en muchas napas subterráneas de la región pampeana. Su consumo prolongado se relaciona con afecciones en la piel, problemas hepáticos, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

Según estudios académicos recientes, incluidos los del CONICET, la UBA y el Hospital de Niños de La Plata, los niveles de arsénico detectados en muchos distritos del interior bonaerense superan los 100 µg/L, llegando en algunos casos hasta los 370 µg/L. Esto no solo está por encima del límite legal de 10 µg/L, sino también del permisivo estándar provincial de 50 µg/L que ABSA pretendía defender.

El Mapa del Arsénico en Argentina, elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), muestra la gravedad del problema: millones de personas en el país podrían estar consumiendo agua contaminada sin saberlo.

Una deuda estructural con la salud pública
Este fallo judicial obliga a mirar con mayor atención un problema estructural que afecta a vastos sectores del interior argentino. ¿Cuántos municipios siguen consumiendo agua con arsénico por falta de obras o por negligencia estatal? ¿Cuántas empresas proveedoras continúan operando sin control real? ¿Dónde están los organismos de fiscalización que deberían garantizar la salud pública?

El caso de Chivilcoy demuestra que cuando la comunidad se organiza, los derechos pueden hacerse valer frente a los intereses económicos y a la desidia política. Pero también deja una pregunta abierta: ¿quién controla al que debería controlar?