Contaminación con PCB en Tucumán: denuncian inacción de la Fiscalía por grave caso en Los Pocitos

En el corazón del Gran San Miguel de Tucumán, la comunidad de Los Pocitos, ubicada en el municipio de Tafí Viejo, enfrenta una posible bomba ambiental. A más de diez días hábiles de presentada una denuncia por contaminación con PCB (bifenilos policlorados) contra las empresas EDET y Transnoa, la Fiscalía tucumana no ha iniciado ninguna investigación. Frente a esta inacción, los abogados de las víctimas —Patricio Char y Franco Venditti— interpusieron una queja formal contra la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT), a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñeiro.

La denuncia fue presentada los días 12 y 13 de agosto de 2025, y apunta a presuntos delitos de contaminación ambiental peligrosa, estrago y lesiones graves, configurando un delito continuado. Sin embargo, según los letrados, no se asignó número de legajo, no se preservaron pruebas clave ni se informó a las víctimas sobre el estado de la causa.

 PCB: una amenaza ignorada
El PCB es una sustancia altamente tóxica y prohibida en Argentina desde 2001, utilizada principalmente en transformadores eléctricos. Su presencia en equipos de EDET y Transnoa fue denunciada por los vecinos del Barrio Diagonal Norte, en Los Pocitos, quienes temen por su salud y la del ambiente. Sin embargo, la falta de respuesta institucional ha generado un clima de impotencia y frustración.

“La falta de investigación inmediata no es neutra: permite que los responsables modifiquen o hagan desaparecer pruebas materiales”, advirtieron los abogados. En su presentación, calificaron la situación como “inadmisible y cercana a la complicidad”.

 El reclamo: Código Procesal Penal en offside
La queja formal se apoya en varios artículos del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), que estarían siendo ignorados por la UFDT:

• Artículo 151 inc. 2: obliga al fiscal a iniciar una investigación preliminar al tomar conocimiento de un delito de acción pública.
• Artículo 151 inc. 3: exige proteger a las víctimas, permitir su participación y mantenerlas informadas.
• Artículo 152 inc. 3: manda a preservar la escena del delito, en este caso, los transformadores con presunta contaminación.

Artículo 153: establece un plazo de 10 días hábiles para tomar decisiones procesales (investigar, archivar o aplicar criterio de oportunidad), plazo que ya fue ampliamente superado.
 
Lo que exigen los abogados
Frente a la parálisis institucional, los abogados solicitaron que la Justicia provincial:

• Abra el legajo correspondiente y dé inicio a la investigación.
• Reconozca formalmente a las víctimas y a sus representantes como querellantes particulares.
• Preserve con urgencia los transformadores y otros elementos que podrían constituir pruebas clave.
• Informe por escrito las razones del retraso y tome medidas para garantizar el avance del proceso.

“Estamos ante un caso que involucra contaminación con sustancias prohibidas, con riesgo para la salud de niños, niñas y familias enteras, y el Estado mira para otro lado”, señalaron.

¿Complicidad por omisión?
Los letrados no ahorraron críticas al desempeño del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, a quien acusaron de negar información, bloquear el acceso virtual y presencial a las víctimas, y de esconderse detrás de un "mostrador virtual que no da respuestas". También advirtieron que la falta de acción podría estar facilitando la desaparición de pruebas y el encubrimiento de responsabilidades.

Una comunidad expuesta, una Fiscalía ausente
En Los Pocitos, la preocupación crece. La comunidad espera que la Justicia actúe antes de que sea tarde. La exposición prolongada al PCB puede provocar daños neurológicos, problemas reproductivos y cáncer, entre otros impactos. Y aunque los transformadores señalados aún estarían instalados en el barrio, ninguna autoridad ha tomado medidas para verificar, aislar o analizar la situación.

La pregunta sigue en el aire: ¿cuánto tiempo más puede el Estado mirar hacia otro lado ante una amenaza ambiental que podría costar vidas?

Este caso pone en juego no solo la salud de una localidad tucumana, sino también el compromiso real de las instituciones con el derecho a un ambiente sano, la justicia ambiental y la reparación a las víctimas. La sociedad exige respuestas. La Justicia, por ahora, guarda silencio.