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En San José, Entre Ríos, la Justicia acaba de dar un paso clave en la defensa del ambiente y la salud de sus habitantes: ordenó la recomposición ambiental de un basural clandestino ubicado a pocos metros de una escuela primaria. El fallo no solo apunta a la Municipalidad de San José, sino también a un privado, Aníbal Raúl Sotelo, como responsables del daño.
El predio está ubicado en Bernardino C. Horne s/n –en el camino viejo a Colón– y fue denunciado por 30 familias vecinas, quienes advirtieron que allí no solo se arrojaban restos de poda, hojas y escombros, sino también residuos industriales de una curtiembre cercana. La situación derivó en una invasión de roedores en la zona, incluyendo la Escuela N° 69 “Tierra del Fuego”, ubicada justo enfrente del terreno contaminado.
Un fallo con impacto ambiental y social
El juez de Paz interino, Facundo Manuel Ramat, resolvió que tanto el municipio como Sotelo deberán presentar y ejecutar un plan de recomposición ambiental, además de establecer una guardia permanente y cerrar el acceso al predio para impedir que se sigan arrojando residuos.
Entre otras medidas, también ordenó:
- La clausura de la curtiembre ubicada sobre la Autovía 14, señalada por volcar restos de cuero en el terreno.
- El retiro de residuos peligrosos identificados en una pericia, junto con el tratamiento y disposición final de lixiviados.
- La tramitación del predio como centro habilitado para disposición de restos de poda, hojas y áridos (materiales no peligrosos), con un plazo de tres meses.
El fallo responde a una acción legal impulsada por la Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje, que acompañó el reclamo vecinal frente a la falta de respuestas del municipio.
Incumplimiento de la ley de residuos peligrosos
Lo más grave del caso es que el predio contenía residuos peligrosos, en violación directa a la Ley Nacional N° 24.051. Por eso, el juez Ramat decidió también correr vista a la Fiscalía para que investigue penalmente a los responsables del mal manejo de los desechos de cuero.
En su resolución, el magistrado dejó en claro que la condena es de cumplimiento inmediato, aunque reconoce que algunas tareas —por su complejidad— podrían requerir hasta seis meses para completarse.
“Deben realizarse todas las medidas necesarias y económicamente viables con asesoramiento técnico”, aclaró el juez, subrayando que no se trata solo de una cuestión legal, sino también de un compromiso real con el ambiente y con la salud de la población.
¿Y la política ambiental?
El caso deja al descubierto otra arista: la falta de acción preventiva y de control por parte del municipio. La propia Justicia exhortó a la administración local a usar su poder de policía ambiental para controlar, sancionar y evitar que estos delitos ambientales se repitan.
Además, ordenó la clausura del predio sobre la Ruta 14, donde se acopiaban los restos de cuero al aire libre, algo absolutamente ilegal por los riesgos que implica.
Una victoria vecinal, pero también un llamado de atención
Lo que comenzó como un reclamo barrial por la presencia de roedores terminó exponiendo una cadena de irregularidades ambientales graves. La intervención de la Justicia representa un triunfo para quienes defienden el derecho a un ambiente sano, pero también deja una advertencia: sin controles, sin participación ciudadana y sin voluntad política, los basurales ilegales seguirán multiplicándose.
Entre Ríos, como el resto del país, necesita políticas ambientales reales, con presupuesto, gestión y transparencia. Este fallo sienta un precedente. Ahora, queda por ver si los responsables cumplen y si el Estado, en todos sus niveles, toma nota de lo que pasó.
